Una encuesta de la Xunta revela que sólo uno de cada diez gallegos quiere ser nación
Parece que a los gallegos lo del término nación no les acaba de convencer. Pese a que los dirigentes del bipartito se empeñan en defender a capa y espada la supuesta inquietud de los ciudadanos por alcanzar las mismas pretensiones que tienen catalanes y vascos, una encuesta del propio Gobierno que preside Emilio Perez Touriño rebate de plano estas tesis.
Según un estudio piloto realizado por la Secretaría General de Análisis y Proyección de la Xunta de Galicia, un 58,6 por ciento de los gallegos se decantan por la definición de Comunidad Autónoma a la hora de referirse a Galicia.
El titular de este departamento dependiente de la Presidencia de la Xunta, Xosé Manuel Rivera, indicó que 'nación se ha convertido en un espacio de lucha política y los gallegos son más proclives a dar una respuesta más administrativa'. Según explicó, para los entrevistados no existen diferencias entre ser gallego o español.
No obstante, el estudio demoscópico revela un sentimiento mucho más positivo hacia la situación política de la Comunidad que hacia la estatal, pese a no estar ninguna de ellas suspensas.
Situación económica
Respecto a la economía, la percepción del ciudadano es ligeramente negativa. De hecho, el 24,2 por ciento de los encuestados cree que la situación de la Comunidad en este tema es mala, Sin embargo el 29 por ciento perciben como buena la posición económica de España.
No obstante, según apuntó Xosé Manuel Rivera, atendiendo a la situación personal esta torna hacia una valoración más positiva, 'ya que un 30 por ciento cree que mantiene una posición buena, un 50 por ciento piensa que su situación es regular y, tan sólo, un 17,4 por ciento no está conforme'.
'Típico es el problema del trabajo', declaró el director general al referirse a los datos obtenidos de la investigación. Y es que para un 27 por ciento de los gallegos el desempleo es lo que más preocupa. A esta cuestión se le añaden otros problemas como son la vivienda, el atraso económico de la Comunidad respecto del Estado o las bajas retribuciones salariales.
