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Entre las promociones anuladas, el regidor explicó que se encuentra una muy importante de entre 600 y 700 casas situada a la entrada del pueblo y en la que se incluía una ciudad deportiva para la localidad. 'Ya se ha hablado con los promotores y, de momento, hemos dejado en suspenso las licencias', manifestó Vera, que, pese a todo, aclaró que espera dar luz verde a estas promociones una vez que entre en vigor el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que actualmente se encuentra en fase de tramitación y cuyo avance ya fue aprobado hace más de un año. Próximamente, el Ayuntamiento se reunirá con los promotores para consensuar una solución definitiva, aunque Juan Vera se mostró firme en su decisión. El alcalde hizo estas declaraciones una semana después de comparecer ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Coín por un presunto delito contra la ordenación del territorio. Además del primer edil, están imputados y también han comparecido ante la juez un técnico del Ayuntamiento y el secretario municipal. Vera declaró durante más de diez horas y expuso a la titular del juzgado las características de cada una de las licencias urbanísticas otorgadas a promociones que el Ayuntamiento considera que se encuentran en suelo urbano, a diferencia del criterio de la Delegación de Obras Públicas de la Junta, que denunció los hechos a la Fiscalía. Para apoyar su versión, el regidor toloxeño esgrimió los informes técnicos del Consistorio y de consultores, así como otro documento independiente elaborado por el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Málaga, Ángel Sánchez. Según el primer edil, este último documento avala la interpretación que los servicios jurídicos del Ayuntamiento hacen de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). Uno de sus artículos establece que, en los municipios que carezcan de planeamiento aprobado tras la entrada en vigor de la ley, se considerará como suelo urbano aquellos que estén dotados de los servicios de luz, agua y saneamiento. Vera, que alabó el interés de la juez encargada del caso por querer aclarar el asunto, adelantó que los abogados pedirán que se archiven las diligencias abiertas contra él y los dos funcionarios una vez culmine el proceso de declaraciones. En este sentido, criticó el frente judicial abierto por la Junta de Andalucía ya que, en su opinión, las diferentes interpretaciones de la ley entre ambas partes podrían haberse dirimido a través de un contencioso-administrativo. 'Pero nunca tendrían que haber recurrido a la vía penal', espetó. Por otro lado, el alcalde calificó de 'birria' los informes técnicos proporcionados por la Junta al Juzgado. 'Ellos se limitan a presentar una foto aérea y te dicen que la parcela es rústica y que no contará con los servicios. Eso es algo que me ha enfadado mucho, porque nosotros estuvimos con los técnicos visitando las parcelas y comprobaron que tenían los servicios', declaró. De hecho, nada más conocerse la denuncia autonómica, Vera visitó varias veces la Delegación de Obras Públicas para tratar de convencer a los técnicos de la legalidad de los proyectos, algo que ahora intenta demostrar ante la juez que instruye el caso. Como ya hiciera entonces, el regidor insistió en que la actitud de la Administración regional suponía un 'ataque personal' con tintes políticos. 'Han ido a por todas a por mí y ha sido por motivos políticos', declaró. 'Si el Ayuntamiento hubiera sido de otro signo, esto no habría pasado', añadió el alcalde que, pese a todo, resaltó que seguirá trabajando lo que queda de legislatura en favor del desarrollo de su pueblo.
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