La primera reunión que mantendrá la alcaldesa de Valencia a su vuelta de vacaciones será con el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, para definir el plan de usos de la futura marina de Valencia.
Desde hace un año Administración Central y Ayuntamiento debaten sus diferencias para alcanzar un acuerdo sobre los usos terciarios que tendrá el puerto tras la competición náutica. Las negociaciones han pasado diferentes fases de enfrentamientos dialécticos, desplantes en público y fríos saludos. Sin embargo, después de los tiros y aflojas, Barberá y Sevilla anunciaron antes de irse de vacaciones que en septiembre se sacaría el concurso internacional de ideas para que los despachos de arquitectos lanzaran sus propuestas.
Ambos aseguraron que las diferencias estaban superadas y que ya se habían acercado las posiciones. 'Haremos una marina que tendrá vida las 24 horas del día', insistió en más de una ocasión la alcaldesa Barberá.
Explotación comercial
Uno de los principales motivos para definir los usos de la marina es porque la intención prioritaria del Consorcio Valencia 2007 es rentabilizar los 400 millones de euros que han gastado en la construcción de la dársena mediante su explotación comercial. Por ello, el Consorcio espera que sus planteamientos salgan adelante.
La principal incógnita era saber si la dársena contaría con viviendas. En un principio el Gobierno central rechazó esta propuesta, pero finalmente sí que habrá aunque no la cantidad que se había pensado al inicio. Otra de las dudas es que se hará con las bases de los equipos. Hay diferentes opciones desde sedes de multinacionales, hasta restaurantes, opción que desea la Federación Valenciana de Hostelería.
La extensión que ocupará la marina irá más allá de la actual dársena interior porque incluirá parte de los muelles más próximos. En total tendrá 205.000 metros cuadrados con los muelles portuarios que aún están en concesión a la empresa Contenemar, cuyo contrato finaliza en el 2017 y el cedido a los astilleros de la Unión Naval que caduca en 2024. Para actuar deberán rescatar las concesiones e indemnizar a las empresas o esperar el vencimiento.
