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La parcela en cuestión se encuentra en la zona de Nueva Andalucía, junto a un supermercado y en un área de densa población. En 2002, el Ayuntamiento presidido por Julián Muñoz concedió la licencia de obras a la sociedad Condeor, que forma parte de manera destacada de la red de blanqueo de dinero montada por Juan Antonio Roca, según asegura el juez instructor del 'caso Malaya' en varios de sus autos.
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'Este conjunto de sociedades -sostiene el juez en el auto en el que ordena el registro de la sede social de Condeor en Madrid- permiten al señor Roca ocultar sus ingresos ilícitos e invertir en gran medida los mismos en la actividad inmobiliaria, consiguiendo nuevos beneficios'.
En el documento referido a esta sociedad, el juez sostiene que existen 'multitud de indicios y muy contundentes' que apuntan en la dirección de que el verdadero dueño es el propio Roca.
'La mayoría del capital social -sostiene el auto- está en poder de Jabor Magarbe desde el año 200o, cuando el administrador de esta última era José Luis Benavente Pérez, otro de los testaferros y hermano de Oscar Benavente', también señalado como uno de los principales testaferro de Roca.
Revisión de oficio
Además de la correspondiente a la gasolinera, el pleno que la comisión gestora del Ayuntamiento celebrará mañana, viernes, iniciará el procedimiento de revisión de oficio de otras licencias también concedidas por el Ayuntamieno entres 1999 y 2002 que no se ajustaban a la legalidad. El objetivo de la revisión es conseguir su nulidad.
Asimismo el Ayuntamiento retirará los recursos presentados en su día por los gobiernos presididos por Gil, Julián Muñoz y Marisol Yagüe contra las impugnaciones decididas por la Junta de Andalucía contra estas actuaciones urbanísticas.
En la relación de licencias que serán revisadas aparecen otras de empresas relacionadas con personas imputadas en la 'operación Malaya'.
Ávila Rojas
Es el caso de dos licencias concedidas a la empresa Turpiana (del empresario granadino José Ávila Rojas, en libertad bajo fianza) para construir en zona verde, así como la aprobada en 2002 para La Reserva de Marbella SL (del empresario también imputado y en libertad bajo fianza Cristóbal Peñarroya), que según han explicado fuentes de Urbanismo se concedió sin el correspondiente plan parcial.
También será revisada la licencia concedida en 2001 a Promociones González Gil SA para el hotel Guadalpín Banús, propiedad de la promotora Aifos, tres de cuyos directivos también se encuentran imputados en el 'caso Malaya'.
Entre las licencias a revisar destacan la concedida a la promotora Apex 2000 SAU para la construcción de pisos en una zona donde el planeamiento sólo permitía viviendas unifamiliares y a la sociedad Romed, también incursa en una infracción similar.
| Terra Actualidad - Vocento/VMT |
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