La Fiscalía de Toledo imputa varios delitos urbanísticos a un alcalde por recalificar terrenos de su propiedad
El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Toledo, José Javier Polo Rodríguez, ha pedido al Juzgado de Instrucción Decano de Torrijos que abra diligencias previas contra el alcalde de Fuensalida, Víctor Manuel Fernández Benito, del PP, por los presuntos delitos de prevaricación, sobre el ordenamiento del territorio, malversación de caudales públicos y coacciones contra el anterior secretario municipal.
Fue precisamente el anterior secretario, José Manuel Ballestero, destinado actualmente en Castro Urdiales (Cantabria), quien remitió un informe sobre un escándalo urbanístico la pasada primavera a la Fiscalía Anticorrupción después de haber trabajado en el ayuntamiento toledano entre los meses de septiembre y diciembre de 2005. En concreto, el informe denunciaba una operación urbanística por la cual 10 millones de metros cuadrados propiedad del alcalde de Fuensalida habían sido recalificados de rústicos a urbanizables.
El funcionario municipal también acusa a este alcalde de compraventas ilegales de terrenos, concesiones de licencias urbanísticas en contra de la ley, contrataciones públicas irregulares y denegación de bonificaciones a ciudadanos sin motivo alguno además de haberle coaccionado por no haber compartido su política urbanística. Meses más tarde, la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Toledo ha decidido actuar para que este alcalde sea llamado a declarar en calidad de imputado después de haber recibido un escrito de la Fiscalía Anticorrupción.
Fuensalida, municipio de 9.000 habitantes situado a 30 kilómetros de Toledo y a 73 de Madrid, es una de las muchas localidades de la comarca toledana de Torrijos que en los últimos años no han parado de experimentar un notable desarrollo urbanístico. En la actualidad, este ayuntamiento está gobernado por cinco concejales del PP en coalición con los tres de la Agrupación Independiente de Fuensalida frente a la oposición representada por cuatro concejales del PSOE y uno de IU. La Fiscalía considera que los concejales que hayan intervenido en los hechos denunciados también deberían ser llamados a declarar como imputados.
