Los directores de centros escolares tendrán poder para decidir sobre todas las sanciones menos la expulsión
La disciplina volverá a colegios e institutos. En la próxima primavera, los alumnos conflictivos se encontrarán con la novedad de que el castigo a su falta será aplicado, directamente, por la dirección del centro educativo al que pertenezcan, sin necesidad de que se abra un expediente que sea revisado por la Consejería de Educación y Ciencia. Ahora mismo, cualquier incidente en las aulas (desde alboroto en clase al destrozo de mobiliario) implica la apertura de un expediente que, tras ser revisado por la Administración, concluye con un castigo (expulsión de clase, anulación de recreos o incremento de tareas). El problema denunciado por la comunidad docente es que esa tramitación hace que la sanción llegue muchos meses después de cometida la falta. Según explicó ayer el consejero, José Luis Iglesias Riopedre, desde marzo sólo en los casos «más graves, los que requieran expulsión», intervendrá la Administración regional. El objetivo de estos cambios es «doble, ya que se refuerza la autoridad de los profesores y, además, se agilizan las sanciones». El consejero adelantó que esta novedad no significa que padres y alumnos pierdan derechos: «Siempre tendrán posibilidad de recurrir la sanción».
La entrada en vigor de estas modificaciones tendrá lugar, dijo Riopedre, 'en el próximo mes de marzo', una vez que el borrador del decreto de derechos y deberes del alumnos, 'que ya tengo elaborado', haya pasado por la mesa sindical, por el Consejo Escolar y el de Universidad para, posteriormente, ser aprobado por la Junta General del Principado. Además el Principado aprobará la creación de unidades de convivencia en todos los centros escolares, dotadas con la figura del 'mediador', una persona elegida por el consejo escolar para arbitre tras la imposición de un castigo.
Aunque el consejero no precisó cuantos expedientes hay abiertos en Asturias por violencia, la Asociación contra el Acoso Escolar, entidad nacida en Asturias y pionera en todo el país, lleva registradas en 2006 ochenta denuncias por acoso en colegios e institutos. Según explicó la presidenta de la asociación, Encarna García, 'la mayoría son por acoso psicológico'.
Ambos participaron ayer en la firma del acuerdo social para la mejora de la convivencia escolar, documento 'histórico' según palabras del presidente asturiano, Vicente Álvarez Areces, y el primero que se firma en el país. A la rúbrica del jefe del Ejecutivo autonómico siguieron las de representantes de la Delegación del Gobierno, la Federación Asturiana de Concejos, la Universidad, el Consejo Escolar del Principado, el de FP, los comités de los directores de centros públicos, desde Infantil a Secundaria, el Consejo de la Juventud, así como asociaciones de comunicación y todos los sindicatos educativos salvo Suatea y CC OO. Dicha central aseguró que no suscribió el documento, en cuya elaboración participó, 'porque es una mera declaración de intenciones'.
Sin embargo, para el presidente regional el convenio es 'histórico' porque plantea 'los pilares necesarios para la convivencia de la sociedad del futuro que no será posible si no existe ya desde la etapa educativa'. En su opinión, Asturias no es una comunidad 'donde exista una gran alarma por los casos de violencia', pero sí concedió la necesidad 'de poner las herramientas necesarias para que la convivencia sea la norma general'. Está convencido de que los colegios 'no son el origen del problema sino, más bien, parte de la solución'.
