Desoyen varios informes para evitar el derribo de obras ilegales en Abanto
La reformas ejecutadas sin licencia en varias viviendas de Abanto se convirtieron de nuevo ayer en el epicentro de la polémica. En agosto, el Ayuntamiento decidió que las obras acometidas sin la autorización correspondiente en cuatro inmuebles de la localidad minera deberían ser demolidas.
Sin embargo, un mes después, los partidos de la oposición, mayoría en el pleno municipal desde julio, aprobaron una moción con el objetivo de paralizar la orden de derribo. El pleno que celebró ayer la Corporación volvió a estudiar las controvertidas modificaciones en las casas. El equipo de gobierno perseguía que la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, órgano competente del Gobierno vasco, analizara la legalidad del acuerdo suscrito en septiembre.
Un informe de la secretaria municipal censuró entonces la detención de las demoliciones. La Corporación era consciente de que, con este escrito en la mano, el Ejecutivo autónomo declararía nula la medida. Por eso, el PSE-EE, EB y dos ediles de AMA hicieron valer su superioridad frente al gobierno local y rechazaron la investigación de la comisión jurídica.
'Una vez más, la oposición se ha unido para respaldar las irregularidades urbanísticas que existen en el municipio y votar a favor de una práctica ilícita y en contra de los estudios técnicos', advirtió el alcalde, Manu Tejada (PNV). A su juicio, decisiones de este tipo 'animarán al resto de ciudadanos a cometer más infracciones en sus viviendas'. El partido socialista, por su parte, denunció que el gobierno había elegido los cuatro expedientes 'a dedo'.
