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La Administración regional sufragará en un 75 por ciento las actuaciones diseñadas. El Gobierno aspira a que los establecimientos se doten de tecnologías de la información y la comunicación.
Las ayudas llegarán pronto, ya que los propietarios podrán empezar a solicitarlas en un plazo máximo de un mes y medio. El responsable de Industria y Empleo garantizó que agilizará al máximo los trámites para repartir el millón de euros a lo largo de 2007.
Según datos facilitados por la Administración, pertenecen a la categoría de bares-tienda o tiendas rurales aquellos establecimientos con menos de 200 metros cuadrados habilitados como superficie de exposición y venta al público, y que en su mayoría combinan la venta con la hotelería y hostelería.
El 87 por ciento, en propiedad
Responden a estas características como bares-tienda el 59,2 por ciento de los 502 locales clasificados. El resto se dividen en tiendas (14,5 por ciento), casas-tiendas (12,5 por ciento) y otros tipos (12,1 por ciento). Por lo que respecta a la titularidad, el 87 por ciento son en propiedad y en cuanto a empleo, el 82 por ciento de los trabajadores pertenecen a la misma familia.
Varios aspectos han influido negativamente en la supervivencia de estos comercios. Ni el éxodo de la población a las zonas urbanas ni la falta de inversiones por parte de los propietarios contribuyeron a mantener la rentabilidad de los negocios.
Sin embargo, Torre aseguró que existen 'argumentos importantes' para garantizar su continuidad, como cubrir la demanda en la amplia geografía rural y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. También destacó que funcionan como yacimientos de empleo al crear puestos de trabajo en zonas con escaso desarrollo empresarial.
Tal y como figura en el plan sectorial, la primera actuación conjunta entre los propietarios y el gobierno será detectar qué 'deficiencias' tiene cada local y definir un proyecto de viabilidad para el negocio. Se hará de manera individual, según las características del mercado de cada establecimiento y de la presencia de competencia. La Administración regional subvencionará las tres cuartas partes del coste del estudio específico hasta un máximo de 3.000 euros.
| Terra Actualidad - VMT |
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