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'Tampoco se encontró que los términos y condiciones del acuerdo hayan sido comentados, revisados o aprobados por el comité de ética, su presidente o el Consejo', concluye. Ex responsable de la comunicacion del BM para Medio Oriente, Riza fue retirada de la institución en septiembre de 2005 y destinada al Departamento de Estado estadounidense, seis meses después de la llegada de Wolfowitz a la presidencia de la entidad. 'Creo que había un riesgo legal si el caso no se resolvía mediante un acuerdo mutuo', advirtió, en una clara alusión a una posible demanda de su novia contra el Banco por tener que abandonar su trabajo. El acuerdo alcanzado con Shaha Alí Riza, una ciudadana estadounidense de origen libio, le permitió seguir cobrando 61.000 dólares del BM tras pasar al Departamento de Estado, elevando su sueldo a 193.590 dólares anuales, más de lo que gana la secretaria de Estado estadounidense, Condoleezza Rice. 'Cometí un error y lo siento', reconoció el presidente de la institución financiera al abrir la rueda de prensa previa a la reunión de primavera del BM y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que se celebra este fin de semana en Washington. 'Propuse al consejo de administración que establezca algún mecanismo para juzgar si el acuerdo alcanzado era una solución razonable. Aceptaré cualquier solución que proponga', había dicho el ex número dos del Pentágono. El sindicato de los empleados del BM sí pidió la renuncia de Wolfowitz y hasta llamó al directorio a abrir el proceso para contratar a un nuevo presidente. Wolfowitz, que convirtió la lucha contra la corrupción en el tema emblemático de sus dos años de gestión en el BM, se negó a responder a las preguntas sobre una eventual renuncia, aunque sin descartarla, dejando la decisión en manos del consejo de administración. Su campaña contra la corrupción levantó críticas muy severas de parte de países como Gran Bretaña, un aliado de Washington, y de los países pobres, después de que congelara varios programas con gobiernos considerados corruptos como el Congo, para forzarlos a mejorar su gestión de los recursos públicos.
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