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Los ciudadanos oriundos de estos países de la Europa del Este representan en la actualidad el 35 por ciento de la población foránea con 6.282 personas (3.392 búlgaros y 2.290 rumanos). Ellos y otros 2.584 comunitarios suman las 8.866 personas procedentes de la Unión Europea y su ámbito económico (Islandia, Noruega, Liechtenstein y Suiza) que desde el 2 de abril deben acogerse a un Real Decreto que regula su permanencia en el país. La nueva normativa, adaptada de una directiva europea del 2004, deja sin efecto la actual tarjeta de residencia comunitaria (válida hasta su fecha de caducidad) que la mayoría de los ciudadanos obtenían, aunque no era obligatoria. En su lugar, los residentes comunitarios con expectativas de permanecer más de tres meses en el país deberán acudir ahora a la Comisaría de la calle Gerona, en Delicias, para inscribirse en el Registro Central de Extranjeros (una base de datos policial) y recibir un certificado que les permitirá residir y trabajar por cuenta ajena o propia en España sin limitaciones salvo en el caso de los ciudadanos rumanos y búlgaros. A estos últimos, el certificado solo les permite residir en el país con motivo de estudios, fines no lucrativos o trabajos por cuenta propia (negocios). «Si su intención es trabajar por cuenta ajena, estos ciudadanos tienen que recibir una oferta de empleo del empresario y acudir con él a la Oficina de Extranjería (solo en este supuesto) para lograr el permiso de trabajo», según explica el subdelegado del Gobierno, Cecilio Vadillo. Una vez obtenida esta autorización, rumanos y búlgaros tendrán que acudir a la Comisaría de Delicias para sacar el certificado en el que ya constaría que pueden trabajar por cuenta ajena. Esta situación excepcional se mantendrá, en principio, hasta el 31 de diciembre del 2008, cuando finaliza la moratoria dada por el Gobierno para reducir el impacto de la llegada de trabajadores de sendos países al mercado laboral. Solo ellos, en el mencionado supuesto de empleados por cuenta ajena, y el resto de inmigrantes extracomunitarios tendrán que seguir acudiendo a la Oficina de Extranjería de la calle Santuario. Un espacio más que reducido que debe desaparecer antes de septiembre del año que viene, cuando está prevista la inauguración de una nueva sede ubicada en la Delegación del Gobierno.
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