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 medios publicos-efe 21-02-2005Informe señala EFE 100% estatal y controlada por Parlamento La Agencia EFE debe ser una entidad pública empresarial o sociedad pública participada al 100 por 100 por el Estado y sujeta al control de una autoridad reguladora independiente, en principio el Parlamento. Así se señala en el informe sobre la reforma de los medios públicos de comunicación del Estado, que el comité de expertos entregó hoy al Gobierno, en lo que respecta a la Agencia EFE. De los cinco miembros del Comité, cuatro han respaldado este informe, y el quinto, el periodista Fernando González Urbaneja, ha emitido un voto discrepante. En su voto discrepante, González Urbaneja señala que el diagnóstico del informe sobre EFE es 'erróneo', y añade que la Agencia 'necesita independencia, más recursos y mejor gestión comercial y empresarial', y plantea que para ello no hacen falta ni leyes específicas, ni controles 'redundantes que no aportan más que burocracia innecesaria'. En el nuevo modelo propuesto por los expertos, EFE debe gozar de plena autonomía jurídica y de gestión, se regirá por el derecho privado y promoverá la cooperación sistemática con RTVE y las televisiones autonómicas, así como con los medios locales públicos que permita racionalizar el esfuerzo público, especialmente hacia el espacio internacional. La Agencia EFE ha de desarrollar una información orientada al interés general, recoger, elaborar y distribuir información general en todos los soportes y para todos los medios de comunicación 'con el fin de defender y estimular el pluralismo'. También debe tener como misión la potenciación de la proyección exterior de la lengua y la cultura españolas, así como de la actuación exterior del Estado español, especialmente de su labor de cooperación internacional en materia de desarrollo. El desglose de estas misiones se realizará en contratos-programa trianuales aprobados por el Parlamento con obligaciones estrictas y controlables cada año. En cuanto a sus órganos de gestión y administración EFE tendrá un Consejo de Administración compuesto por cinco miembros, con dedicación exclusiva, que se caractericen por sus 'relevantes méritos en el ámbito de la comunicación'. Cuatro de estos miembros, elegidos para cada mandato, dos lo serán por el Congreso y otros dos por el Senado mediante mayoría reforzada de dos tercios de la cámara correspondiente, a propuesta de, al menos, la mitad de los grupos parlamentarios, mientras que el quinto miembro será designado por los dos sindicatos más representativos de EFE. El tiempo de mandato será de seis años, sin posibilidad de reelección y la renovación de los miembros del consejo se realizará por mitades, a razón de dos cada tres años, por cuotas iguales de cada una de las cámaras de origen. En cuanto a sus competencias, el Consejo debe supervisar y vigilar la correcta administración de la Agencia; elegirá al director general por mayoría de dos tercios entre personas de 'reconocido prestigio' y por un mandato de cinco años sin posibilidad de reelección; aprobará las propuestas del contrato programa, el informe del director general y el anteproyecto de presupuesto de la Agencia, entre otras competencias. El Congreso y el Senado, según su origen, podrán cesar a los miembros del Consejo por mayoría de dos tercios. El informe considera que la independencia y control deben depender de un Consejo de Redacción cuyas funciones básicas serán representar a los profesionales de la información ante la dirección, salvaguardar los contenidos de la agencia de toda manipulación e informar de forma preceptiva y no vinculante sobre los nombramientos de los cargos directivos con competencias sobre la información. También se aconseja la creación de un Consejo Asesor Estatal, que trabaje en estrecho contacto con el director general y el Consejo de Administración para su coordinación con la sociedad española, las instituciones culturales y educativas. Este Consejo Asesor estará compuesto por un total de nueve miembros, tres designados por el Consejo Económico y Social, dos por la Real Academia Española y el Instituto Cervantes; uno por el Consejo de Universidades, dos por los Ministerios de Exteriores y Cultura y uno por las organizaciones de periodistas de ámbito estatal. Las competencias serían asesorar al Consejo de Administración sobre la actividad de la Agencia, sus servicios y línea editorial; orientación sobre normas que garanticen el derecho de acceso de los grupos sociales significativos; y será necesario su parecer en la concreción de la función de servicio público. En lo referente a su financiación, el informe señala que una 'parte importante de esta' debe ser comercial, 'e incluso plantearse su incremento en el futuro', por lo que debe tener un plan comercial dirigido a incrementar el número y rentabilidad de su clientes y a diversificar su facturación. Pero todas estas vías no tendrían que ir en detrimento de la aportación estatal que estaría fijada con arreglo a parámetros objetivados de las misiones a cumplir, pero reforzarían la capitalización y las inversiones de EFE. El informe compara la aportación del Estado a otras agencias europeas y concluye que, comparándolo con lo que recibe EFE, la aportación efectiva del Estado español a EFE 'dista mucho' de la de sus homólogas europeas. La ayuda estatal ha de concretarse a través de sucesivos contratos-programa para plazos de tres años. Consideran los expertos que es necesario un 'Plan estratégico' para potenciar el servicio público informativo y dar a EFE un modelo empresarial estable.
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