Condenan a Bustinduy y a Salvo por acusar al alcalde de beneficiar a su madre
La portavoz del grupo municipal socialista, Marisa Bustinduy, y el viceportavoz, Enrique Salvo Tierra, han sido condenados por la Justicia por verter falsas acusaciones contra el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, a quien le atribuyeron una operación de 'ingeniería urbanística' para beneficiar a su familia, en concreto a su madre, copropietaria de la finca Dehesa del Garabato, situada entre la Térmica y la desembocadura del río Guadalhorce.
La sentencia del juez de Primera Instancia número 14 de Málaga establece que las declaraciones efectuadas por Bustinduy y Salvo Tierra contra De la Torre, y que fueron difundidas por los medios informativos, fueron 'falsas' y que constituyen por sí mismas una 'intromisión ilegítima en el honor del demandante'. Además, el magistrado realiza una amonestación expresa a los ediles socialistas 'para que se abstengan de intromisiones posteriores en el honor personal' del alcalde.
Los hechos se remontan a los días 9 y 10 de octubre del pasado año, cuando Salvo Tierra, primero, y Bustinduy después, convocaron a los periodistas para declarar que Francisco de la Torre había beneficiado a su madre con una recalificación urbanística en la finca, que tiene una extensión de 14.000 metros cuadrados.
Erraron al señalar en los planos la parcela de María Victoria Prados. Bustinduy y Salvo Tierra tacharon de 'operación especulativa' y de 'inmoralidad' que se quisiera vincular ese suelo -que dijeron tenía un valor cero- al sector de la Térmica porque le permitiría edificar 130 viviendas en una zona privilegiada junto al mar. Llegaron a cifrar el beneficio que iba a obtener la familia del regidor en unos 10.000 millones de pesetas. 'Es evidente e incontestable que el señor De la Torre ha abusado de la confianza de los malagueños para enriquecer a su propia familia', afirmó en su momento Marisa Bustinduy.
El alcalde desmintió esas acusaciones y dijo que, a lo sumo, le correspondería a su madre cuatro viviendas a cambio de su parcela, que pasaría a propiedad del Ayuntamiento para dedicarla a un sistema general. La Justicia le ha dado la razón. Tras escuchar a las partes y a los peritos, el juez sostiene que es fácil comprobar 'cómo numerosas afirmaciones realizadas por los codemandados en las referidas ruedas de prensa no se corresponden con la realidad' y que el suelo, 'con el cambio de clasificación, no tiene un valor de 10.000 millones de pesetas, ni siquiera de 1.000 millones'.
A tenor de las pruebas practicadas, el magistrado llega a tres conclusiones fundamentales: 'que no ha existido excepcionalidad alguna' en el tratamiento urbanístico a esa parcela; que 'es lógico y normal' que se adscribiera para su obtención por compensación a los terrenos de la Térmica por ser los más cercanos; y que la posibilidad de edificación en esa parcela (techo de edificabilidad) 'en la proporción correspondiente a la madre del actor es de 3,5 viviendas libres o su equivalente en VPO, cuyo valor es el mismo'.
La sentencia recoge que 'la imputación de un trato de favor a terrenos propios o de familiares por parte de un representante público es quizá la más grave acusación ante la opinión ciudadana que, en estos tiempos, se puede realizar a un político'.
Añade que los representantes del pueblo, 'sean del signo político, que sean', no pueden enarbolar la libertad de expresión y ampararse en la crítica política 'para lanzar acusaciones infundadas basadas en supuestos hechos objetivos que no son ciertos contra otro representante que le hagan desmerecer en su honor'.
De la Torre dio un plazo para que Enrique Salvo Tierra y Marisa Bustinduy admitieran que se habían equivocado y les pidió que rectificaran públicamente antes de emprender acciones judiciales. Sin embargo, nunca se produjo la rectificación. Incluso Salvo instó al alcalde a que se querellara 'porque así se sabría toda la verdad'. Bustinduy, varios días después, reiteró lo de la inmoralidad y le reprochó que la querella se quedara en una demanda civil.
El regidor optó por la vía civil en vez de la penal al pretender sólo que la Justicia restituyera el honor dañado por los ediles del PSOE. La demanda fue presentada por su abogado, Juan García Alarcón. Ahora, ocho meses después, le han dado la razón. El grupo socialista ya ha anunciado que va a recurrir la sentencia ante la Audiencia Provincial. Tiene cinco días de plazo para hacerlo.
