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Así ha ocurrido con una chica que cometió un delito, el único en su haber, en el año 2005. El 21 de marzo del año siguiente una juez dictó una sentencia en la que le imponía una medida de libertad vigilada. El tiempo ha ido pasando y no ha sido hasta ahora cuando la Generalitat ha reconocido que no ha podido aplicar el fallo judicial. Según ha podido saber este diario, la Dirección General de Bienestar Social (anterior órgano competente en la materia) ha remitido a la Fiscalía de Menores un escrito con fecha 18 de julio de 2007 en el que expone que envió 'en su día' un oficio al centro con convenio que debía ejecutar la resolución pero, 'dado el número de medidas de ejecución, aún no se ha podido iniciar' ese trámite ni realizar por tanto informe alguno sobre el caso. La chica acaba de cumplir 19 años y la medida adoptada en la sentencia prescribirá en marzo del año que viene. El gran problema, según fuentes de la Fiscalía, radica en el escaso número de educadores con que cuentan los centros encargados de aplicar las decisiones judiciales de régimen abierto. 'La ratio de educador por medida adoptada es insostenible', alertan desde el Ministerio Público. 'Es algo que nos preocupa mucho porque las listas de espera son excesivas y educar a un menor implica inmediatez'. A estas dificultades se suma el importante colapso que sufren los equipos técnicos de los Juzgados de Menores. Son especialistas de distintas disciplinas que dependen de la Generalitat y que deben elaborar de forma preceptiva un informe sobre la situación psicosocial de cada menor antes de que un magistrado dicte sentencia. Endurecimiento de penas Mientras estas deficiencias persisten e impiden a veces reconducir a menores conflictivos que hasta ese momento sólo han cometido delitos leves, Fernando de Rosa abundó ayer en la idea lanzada ya desde algunos sectores conservadores de la magistratura: el endurecimiento de penas en casos de delitos graves. El conseller aprovechó la presentación de un balance sobre los Puntos de Encuentro Familiar (PEF) para recordar que el PP promoverá una revisión de la Ley del Menor en esa dirección: 'Debemos hacer una reflexión. La Ley habla de reeducación, pero se puede plantear un endurecimiento de sanciones en los casos más graves porque no se puede enviar a nuestros jóvenes el mensaje de que al que delinque le va a salir gratis'. Por su parte, la Fiscalía de Menores no desdeña la construcción de un nuevo centro de reforma (existen ya uno en Alicante y otro en Villena) pero aboga por estudiar antes 'las necesidades de cada comarca' para reforzar la aplicación de medidas en medio abierto.
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