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El director de investigación del instituto, José Antonio Pérez, quien ha comparecido junto al delegado de la zona de Levante del IPE, Patricio Sánchez, dice que si la tendencia sigue y no suben los ritmos de venta de viviendas, la Comunitat necesitará 'poner en marcha todas las infraestructuras pendientes, de metro, AVE o líneas ferroviarias de Cercanías'. De lo contrario, tal y como ya auguraron los constructores valencianos hace unas semanas, se perderá empleo en el sector.
El coordinador del estudio explica que por cada vivienda que se deja de construir se pierden entre dos y tres empleos, a lo que añadió que la merma económica que supone dejar de construir 10 inmubles se compensaría con una inversión en infraestructuras de un millón de euros. La Comunitat Valenciana es una de las primeras autonomías en marcar una tendencia que refleja, según los expertos, una clara desaceleración. Estiman que este año el volumen de viviendas visadas (105.390) será inferior al de inmuebles construidos (118.974). La cifra de vivienda terminada podría incluso alcanzar un nuevo récord, al aumentar un 16 por ciento respecto a 2006, pero los expertos explicaron que se trata de proyectos gestados hace al menos dos años y cuando se acabe la obra prevista llegará el verdadero problema. Los responsables del IPE no dudan en pintar un escenario realmente negro. 'La crisis de liquidez en EE. UU. puede ser un aperitivo a lo que se avecina aquí', dice José Antonio Pérez. La pérdida de empleos podría desencadenar, a su juicio, una crisis financiera si las familias hipotecadas (la mitad de viviendas españolas lo están) dejaran de abonar las cuotas. De hecho advierten del repunte de la morosidad hipotecaria. Aunque porcentualmente es reducida (0,3 por ciento de las hipotecas contituidas), se ha duplicado el volumen de hipotecas que se han dejado de pagar -alrededor de 250 en 2006 y una estimación de 500 este año-. Los efectos sociales del parón inmobiliario no quedan ahí. Los investigadores aseguran que incluso puede afectar al reparto de bienes en casos de separación matrimonial. Al respecto apuntan que algunos abogados de familia han detectado ya casos de matrimonios que comparten piso tras la separación. Pese al descenso de obra nueva previsto y al stock de vivienda que empieza a existir, los expertos descartan un descenso de precios. Este sólo se podría producir, explican, 'si la gestión de suelo fuera diferente'. A la hora de abordar nuevos proyectos, y ante la falta de liquidez de los bancos y el endurecimiento de los créditos, los expertos del IPE apuestan por el capital riesgo. Un foco de negocio para los promotores son los proyectos de terciario (oficinas, hoteles, comercios...). Los responsables del IPE apuntan que puede ser una salida a muchos PAI, que los Ayuntamientos pueden modificar 'para darles salida'.
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