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La inversión económica global en el plan, elaborado conjuntamente por los ministerios de Industria y Trabajo, asciende a 49 millones de euros. El objetivo es mantener el empleo de 40.000 trabajadores en toda España, de los que la mitad están en la Comunitat Valenciana y, en concreto, más de 17.000 en la provincia de Alicante, en especial en los municipios de Elche, Elda, Petrer, Crevillente, Villena, Sax. De la partida total, 26 millones se financiarán mediante los vigentes programas de fomento del empleo, mientras que los 23 millones restantes vendrán a través de la dotación presupuestaria específica para facilitar el ajuste de los sectores afectados. El documento suscrito en Elche también por los responsables de la patronal nacional y de los sindicatos UGT y CC. OO., consta de subvenciones a fondo perdido y créditos blandos dirigidos tanto a 'fortalecer' a las empresas que se han adaptado a la competencia de los países asiáticos como también para paliar los efectos de las reestructuraciones de personal de otras que no han podido sobrevivir en un mercado de creciente globalización. Las políticas activas favorecerán tanto a empresas como trabajadores con la misión de elevar la competitividad y de mantener el mayor número de empresas y puestos de trabajo. No obstante, al asumir que no se podrá salvar a todos, se busca paliar las consecuencias entre aquellos empleados que se tengan que ver abocados a la prejubilación. En concreto, se plantean iniciativas de empleo, dirigidas a aumentar la capacitación profesional, apoyar la reinserción laboral de quienes resulten excedentes y prestar más atención a los obreros de mayor edad. En el caso de las industrias, se arbitran medidas de suspensión de contrato de trabajo y de reposición de prestaciones. Así, aquellas firmas que tengan un 80 por ciento de empleo estable, en caso de existencia de causas económicas, organizativas, técnicas o de producción de carácter coyuntural podrán contemplar la suspensión de los contratos de trabajo por un periodo máximo de 6 meses a lo largo del periodo de aplicación del plan. Trabajo y Asuntos Sociales procederá a la reposición de las prestaciones por desempleo consumidas durante la suspensión a los trabajadores que con posterioridad extingan sus contratos de trabajo. Además, el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) podrá anticipar a las empresas que tengan dificultades de tesorería el pago que tendrían que hacer a los trabajadores en concepto de indemnización por despido colectivo u objetivo, condicionado a la suscripción del correspondiente convenio de recuperación, pero aplicando siempre criterios de flexibilidad en las garantías. Precisamente, el presidente de la patronal de fabricantes, FICE, Rafael Calvo, reconoce que este plan 'fortalecerá' a las empresas para el futuro y también las ayudará a 'paliar' los efectos negativos creados a las mismas y a sus trabajadores, además de crear un marco 'coherente' que permita a las compañías planificar su actividad y plantear sus estrategias. Por otra parte, el diseño, la marca, las nuevas estrategias comerciales y de internacionalización son otros de los aspectos que priman en el caso de las ayudas públicas a las empresas y que ha sido siempre reivindicadas. Con todo, Calvo hace autocrítica cuando señala que no hay que 'olvidar que el principal responsable de la marcha de las empresas es el propio empresario' y, por ello, se dirige a industriales para advertirles de que eviten mirar a 'papá administración' cada vez que tengan problemas para resolver la situación.
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