Los católicos no pueden votar a favor de la ley de matrimonio homosexual
La Conferencia Episcopal Española afirmó hoy que los católicos no pueden votar a favor de la ley del matrimonio homosexual, proyecto normativo que tachan de injusto y de corromper la institución del matrimonio, y advierten de que no tiene fuerza moral para obligar a nadie.
En una nota de su Comité Ejecutivo, los obispos afirman que la ley que se pretende aprobar 'carecería propiamente del carácter de una verdadera ley, puesto que se hallaría en contradicción con la recta razón y con la norma moral', y por ello aseguran que en su aplicación 'no tiene fuerza de obligar a nadie' y 'cada cual podrá reivindicar el derecho a la objeción de conciencia'.
El comunicado, 'uno de los más duros' emitidos en los últimos años por la Conferencia Episcopal Española (CEE), según afirmaron fuentes eclesiásticas a Efe, añade que 'oponerse a disposiciones inmorales, contrarias a la razón, no es ir en contra de nadie, sino a favor del amor a la verdad y del bien de cada persona'.
Conferencia Episcopal
En sus relaciones con la Iglesia católica el Estado español tiene dos interlocutores: la Conferencia Episcopal (asuntos domésticos) y la Santa Sede (asuntos entre estados).
La Conferencia Episcopal, asamblea de los obispos, tiene más poder administrativo que ejecutivo. En materia de doctrina marca directrices la Santa Sede, que también nombra a los obispos.
En cuestiones de mensaje pastoral marca pauta la Conferencia Episcopal, pero no absolutamente: cada obispo, en su diócesis, tiene autonomía para gobernarla y predicar en moral o costumbres mirando a Roma más que a Madrid.
Fernando Gª Romanillos
Matrimonio es un hombre y una mujer Los obispos, que recuerdan en su nota que desde que el Gobierno anunció su intención de legalizar el matrimonio homosexual se han venido pronunciando en el sentido de que solo puede denominarse matrimonio el celebrado entre un hombre y una mujer, dicen que lo que pretende aprobar el Parlamento 'supondría una flagrante negación de datos antropológicos fundamentales y una auténtica subversión de los principios morales más básicos de orden social'.
Para la CEE 'no es verdad que esta normativa amplíe ningún derecho, porque la unión de personas del mismo sexo no puede ser matrimonio. Lo que se hace es corromper la institución del matrimonio'. 'Esa unión, agrega el documento, es en realidad una falsificación legal del matrimonio, tan dañina para el bien común, como lo es la moneda falsa para la economía de un país'.
El Comité Ejecutivo de la CEE expresa su dolor por 'el perjuicio que se causará a los niños entregados en adopción a esos falsos matrimonios y en los jóvenes a quienes se dificultará o impedirá una educación adecuada para el verdadero matrimonio'. Los obispos dicen que piensan 'también en las escuelas y en los educadores a quienes, de un modo u otro, se les exigirá explicar a sus alumnos que, en España, el matrimonio no será ya la unión de un hombre y de una mujer'.
Ricardo Blázquez
Reinvindicar el derecho a la objeción de conciencia Y 'ante esta triste situación', recuerdan 'que la ley que se pretende aprobar carecería propiamente del carácter de una verdadera ley, puesto que se hallaría en contradicción con la recta razón y con la norma moral'. 'La función de la ley civil es ciertamente más limitada que la de la ley moral, pero no puede entrar en contradicción con la recta razón sin perder la fuerza de obligar en conciencia'.
En segundo lugar, recuerdan como consecuencia de lo anterior, 'que los católicos, como todas las personas de recta formación moral, no pueden mostrarse indecisos ni complacientes con esta normativa, sino que han de oponerse a ella de forma clara e incisiva'. 'En concreto, no podrán votar a favor de esta norma (dice el texto sin citar de manera concreta a los parlamentarios) y, en la aplicación de una ley que no tiene fuerza de obligar moralmente a nadie, cada cual podrá reivindicar el derecho a la objeción de conciencia'.
Para el Comité Ejecutivo de la CEE, 'el ordenamiento democrático deberá respetar este derecho fundamental de la libertad de conciencia y garantizar su ejercicio'. Los obispos afirman, al final del comunicado, que es su deber 'hablar con claridad cuando en España se pretende liderar un retroceso en el camino de la civilización con una disposición legal sin precedentes y gravemente lesiva de derechos fundamentales del matrimonio y de la familia, de los jóvenes y de los educadores'.
