Todos los partidos, excepto el PP, mantienen que Cataluña sea definida como nación en el Estatuto
Pese a las grandes expectativas que había generado, la cumbre de líderes políticos celebrada ayer en el Parlamento catalán para impulsar el nuevo Estatuto finalizó sin acuerdo en los asuntos más importantes; es decir, financiación y competencias. Ni tan siquiera hubo unanimidad en la definición de Cataluña, pues el tripartito -PSC, ERC e ICV- y CiU mantienen el término nación, mientras que el PP pretende que se mantenga el de nacionalidad. Tampoco hay consenso sobre el redactado de este párrafo, pues el PSC insiste en incluir una referencia a la Constitución y a la condición de comunidad autónoma.
Esas diferencias impidieron que la reunión concluyera con una declaración institucional, tal como ocurrió en la primera cumbre celebrada en Miravet (Tarragona) en noviembre de 2004. El PP se opuso a ello, alegando que esa 'reunión de trabajo' -los populares se niegan a hablar de cumbre- no puede considerarse decisiva. El resto de los grupos no insistieron demasiado.
Los populares también se desmarcaron del calendario de aprobación del nuevo Estatuto, ya que ven imposible que el texto esté concluido el 31 de julio. El Govern y CiU pretenden que, a finales de junio, la ponencia acabe sus trabajos para debatir el texto en comisión en forma de proposición de ley. PSC y ERC sugieren que el pleno extraordinario se celebre el 11 de septiembre, Diada Nacional de Cataluña. Sí hay consenso en la necesidad de celebrar una tercera reunión de líderes para desencallar la cuestión de la financiación, donde el tripartito y CiU mantienen su enfrentamiento. También lo hubo en el concepto de bilateralidad, es decir, en las relaciones Generalitat -Estado. Todos los grupos coincideron en que el título preliminar debe contemplar esa relación 'de tú a tú' entre ambas administraciones, sin perjuicio de que determinados asuntos se analicen de forma multilateral con el resto de autonomías.
De esta forma, ERC y CiU desisten en reclamar que las decisiones de la Generalitat en ámbitos como la UE fueran vinculantes en algunas materias. Se mantiene, asimismo, el desacuerdo en cuanto a la tipología de competencias, pues PSC y PP recelan de la categoría de 'excluyente' que ERC y CiU sostienen. Curiosamente, fue el sistema electoral el que más controversia generó. El presidente Pasqual Maragall y el jefe de la oposición, Artur Mas (CiU) se enzarzaron en una agria discusión sobre las mayorías necesarias para aprobar una ley electoral de la que Cataluña carece. En el trasfondo de esta controversia está la oposición de ERC y CiU a la igualdad de voto. Finalmente, se acordó fijar una mayoría cualificada y posponer la ley electoral a la aprobación del Estatuto. Se ha aplazado la decisión sobre la composición de la delegación que negociará el texto en el Congreso.
Pese a estas diferencias, los miembros del tripartito, con Maragall a la cabeza -'veo un paso adelante', dijo-, expresaron su optimismo respecto a la consecución de un nuevo Estatuto. La presidenta del grupo parlamentario del PSC, Manuela de Madre, dijo solemnemente que 'pese a las dificultades, tendremos Estatuto', mientras que el presidente de ERC, Josep Lluís Carod-Rovira, aseguró ver la botella 'medio llena' y atribuyó a las elecciones gallegas la resistencia del PP. El presidente del PP catalán, Josep Piqué, advirtió de que el dictamen del Consejo Consultivo sobre el Estatuto podría retrasar el calendario y habló de 'avances de escasa relevancia'. Artur Mas expresó su 'moderada satisfacción', mientras que el presidente de ICV y consejero de Relaciones Institucionales, Joan Saura, admitió la existencia de discrepancias significativas, pero está convencido de que habrá acuerdo.
