La Policía ha cerrado este año de forma temporal seis locales hosteleros de Bilbao
La muerte de un joven ecuatoriano de 20 años el pasado 1 de octubre en las inmediaciones de la discoteca Privée del barrio de San Ignacio reavivó la alarma sobre los altercados en la noche bilbaíno. Ya antes del suceso, las críticas vecinales motivadas por los continuos incidentes registrados en la zona habían llevado a los responsables municipales a organizar dispositivos policiales fuera de lo común. Ocurrida la tragedia, el Ayuntamiento decretó el cierre cinco días después.
Pese a la satisfacción de los vecinos, el consejero de Interior del Gobierno vasco frenó el optimismo generalizado.'La justicia es muy garantista. Yo no descartaría la reapertura de la discoteca', aseguró Javier Balza en una comisión parlamentaria. Cuando le preguntaron si la muerte podría haberse evitado con una orden de cierre anterior, barruntó que la medida estaría abocada al fracaso ante su más que probable suspensión por parte de los tribunales. El alcalde, Iñaki Azkuna, lejos de discrepar con él, declaró que en varias ocasiones habían intentado clausurar locales conflictivos sin conseguirlo.
Según los datos de la Policía Municipal, en lo que va de año se han impuesto sanciones graves -conllevan cierre- a seis locales hosteleros. En la mayoría de los casos adquieren el calificativo de 'graves' por la reiterada comisión de infracciones leves. Éstas, explicó un portavoz municipal, están relacionadas, por lo general, con incumplimientos del horario de cierre. «Este tipo de infracciones se cometen con bastante asiduidad», recalcan.
Cuatro de las sanciones de carácter grave impuestas este año han sido mixtas. La cuantía ha oscilado entre 2.000 y 3.000 euros, mientras que el cierre fue de uno a tres meses. Las otras dos no han tenido carga económica, pero sí un periodo de clausura de uno y seis meses. En estos dos últimos casos, el motivo fue la carencia de licencia urbanística.
No obstante, el número de sanciones graves impuestas este año es considerablemente inferior al registrado en 2004, cuando la Policía tramitó 32 sanciones de multa y cierre. Por término medio, la infracción ascendió a 3.000 euros y la clausura duró un mes, dos en seis ocasiones. Sólo una vez la Justicia suspendió el cierre de forma cautelar hasta que se resolviera el caso.
La normativa que rige estas sanciones se halla en la Ley de Espectáculos Públicos. El recurso que puede presentar el infractor es el contencioso-administrativo. Una vez interpuesto, el juez decide si suspende las sanciones y el cierre cautelar hasta que exista sentencia firme.
En la práctica, estos recursos no son muy habituales. De hecho, si en 2004 sólo se formuló uno, en lo que va de año no se ha registrado ninguno, a excepción de la discoteca Privée, cuyo proceso todavía no ha comenzado. La tendencia de años anteriores revela que ha prevalecido la sanción municipal frente al recurso. Eso sí, lo realmente complicado es cerrar un local 'sine die'.
