La Fiscalía detecta falsedades en los certificados de obras realizadas en terrenos no urbanizables
Certificados falseados. Es la última triquiñuela utilizada por los empresarios de la construcción para sortear las leyes urbanísticas. Según fuentes de la Fiscalía, en los últimos meses se han registrado varias denuncias contra aparejadores que certifican que determinadas obras levantadas en terrenos no urbanizables se han realizado con fecha anterior a la real, con el fin de que parezca que la infracción urbanística ya ha prescrito. De este modo, señalan desde el Ministerio Público, tratan de evitar que se tomen medidas contra la construcción ilegal.
Según fuentes de la Fiscalía, el mayor número de denuncias de este tipo se han registrado en Novelda y Aspe. En su mayoría responden a construcciones en terrenos no urbanizables que pueden recalificarse.
'Las denuncias se han interpuesto en el juzgado por un delito de falsedad y no por ir contra la ordenación del territorio', explican desde la Fiscalía. De hecho, en muchos casos las construcciones constituyen simples infracciones administrativas.
Las construcciones en terrenos no urbanizables se han multiplicado en lo que va de año. Según fuentes de la Fiscalía de Medio Ambiente, la mayoría de denuncias que recibe la sección son por construcciones que atentan contra la ordenación del territorio. De hecho, el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) ha realizado en los nueve primeros meses del año 184 intervenciones relacionadas con este tipo de delitos, frente a las 157 actuaciones llevadas a cabo en todo el 2004. Las zonas más afectadas: Castalla, Hondón de los Frailes y Catral.
Las zonas protegidas han sido especialmente atacadas por los proyectos urbanísticos en lo que va de año. De hecho, el número de denuncias presentadas por el Seprona se ha duplicado respecto al año anterior.
La obsesión por tener una vivienda en aquellos lugares prohibidos lleva también a los particulares a ingeniar mil modos de eludir las leyes urbanísticas. La última moda ha sido la proliferación de casas de madera por toda la provincia. Según fuentes de la Fiscalía, este año se han multiplicado las denuncias contra este tipo de inmuebles de quita y pon.
'Hasta ahora existía un problema de tipificación a la hora de denunciar la instalación de estas casas en terreno no urbanizable', señala el fiscal de Medio Ambiente, Juan Carlos Carranza. De hecho, 'no se consideraban construcciones', ya que se vendían como viviendas desmontables.
Este año, sin embargo, se ha producido un aluvión de denuncias contra la instalación de casas de madera en terrenos no urbanizables al considerar que constituyen un delito contra la ordenación del territorio. La razón es que 'estas viviendas sí que pueden considerarse construcciones porque se tienen que instalar sobre una base de hormigón fija', señala Carranza.
Según el fiscal de Medio Ambiente, muchas de las denuncias las interpone la propia Conselleria de Territorio, aunque algunas también proceden del Seprona. 'Las casas de madera se han extendido por toda la provincia, atentando contra la ordenación del territorio', señalan desde la Fiscalía.