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Sin embargo, sigue registrándose un elevado número de casos. Prácticamente, no hay nadie que no conozca a una familia que haya sido víctima de un robo en su propiedad, si es que no lo ha experimentado en carne propia. Es un caldo de cultivo que se encuentra detrás del aluvión de demandas de servicios que reciben las empresas de seguridad privada de la provincia. 'El miedo está ahí porque siguen entrando a las casas con la gente dentro, sea con o sin violencia. Por eso, se han extendido las altas en sistemas centralizados de alarma, la instalación de rejas y la contratación de vigilantes', expone Juan Belaustegui, uno de los portavoces de la plataforma ciudadana creada el año pasado en la Marina Baja a raíz de una oleada de asaltos en chalés del Rincón de Loix.
En opinión de este colectivo, el problema no se atajará mientras no se impulse una reforma legal que endurezca los castigos para los ladrones: 'Es increíble que detengan a toda una banda acusada de decenas de robos en viviendas, como ocurrió en Benidorm hace poco, y tras comparecer ante el juez quede en libertad la gran mayoría'.
Alicante se ha convertido en uno de los motores del sector nacional de la seguridad privada. Así se explica que en la provincia se asienten 81 empresas y delegaciones, según los datos más actualizados con los que cuenta la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser). Esta entidad ultima estos días su completo informe anual. Aunque los números todavía no se han dado a conocer, fuentes de la organización admiten que la tendencia al alza se mantiene inalterada. 'El mayor crecimiento en facturación se está dando en la instalación de sistemas de alarma', señalan fuentes de Aproser.
El estudio del 2004, el último publicado hasta la fecha, corroboraba que sólo Madrid y Barcelona disponen de más compañías que Alicante afincadas en su territorio. Por debajo, figuran demarcaciones tan importantes como Valencia (57), Sevilla (60), Málaga (48) o Cádiz (44).
Y el volumen de facturación en Alicante y el resto del Estado podría ser mucho mayor porque, de acuerdo con la patronal, existe un preocupante déficit de vigilantes jurados, 'veinte mil en el país', que impide atender todo el trabajo requerido. Desde el punto de vista de Aproser, la manera de prestar un mejor servicio a los ciudadanos pasa por reformar la ley de Seguridad Privada, que data de 1992, a la que califican de caduca.
Uno de los principales cambios reclamados es que los inmigrantes no comunitarios puedan ejercer funciones de seguridad privada. Actualmente, sólo lo hacen nativos españoles, ciudadanos de la Unión Europea y extranjeros nacionalizados.
El interés por satisfacer el máximo de peticiones lleva a determinadas empresas, según reconocen fuentes del sector, a crear sociedades de servicios en las que se contrata a extranjeros para labores auxiliares o de conserjería. En la práctica, acaban ejerciendo de vigilantes sin serlo.
No todos los profesionales habilitados para ello están en activo. Aproximadamente, un 30 por ciento no ejerce en la seguridad privada, según muestran las cifras nacionales, ya que de los 110.198 facultados por el Ministerio del Interior sólo trabajan como vigilante 74.638, según expone Aproser, que representa al 70 por ciento del sector.
| Terra Actualidad - Vocento/VMT |
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