Bono impone la bandera y el destacamento militar en la cesión del Castillo de Montjuïc
El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de ley por el que el Ministerio de Defensa cede al Ayuntamiento de Barcelona el Castillo de Montjuïc, pero con las dos condiciones que planteó José Bono: la bandera de España habrá de ondear en el edificio, «permanentemente y en lugar preferente»; y el castillo seguirá albergando las redes de comunicaciones allí instaladas, con una guarnición militar de custodia. Así, la disposición adicional primera establece: «En el Castillo de Montjuïc ondearán permanentemente y en lugar preferente las Banderas de España, de Cataluña y de la Ciudad de Barcelona, de acuerdo con la vigente normativa». Ésta prevé que la enseña nacional ondee en todos los edificios públicos.
Además, en la disposición adicional segunda, se dice: «Para atender a las necesidades de la Defensa Nacional, el Castillo de Montjuïc seguirá albergando las antenas y redes de comunicaciones allí instaladas y al personal militar necesario para atender a su vigilancia y custodia. A tal efecto, el Ministerio de Defensa habilitará, con esta finalidad, el espacio que precise en el interior del recinto amurallado del Castillo, con carácter previo a la instalación del Centro».
En el Ayuntamiento de Barcelona, la alegría se tornó en decepción, cuando no indignación, al conocerse que la devolución es «condicionada». El alcalde, el socialista Joan Clos, calificó de «inaceptables» los términos de la cesión, que cayeron como un jarro de agua fría en un Consistorio que acababa de aprobar una declaración -con la única abstención del PP- en la que se instaba al Gobierno a devolver el castillo en su «uso íntegro, efectivo y no condicionado».
Desde el Ayuntamiento se censura que el anteproyecto haga mención explícita al mantenimiento de las enseñas, en lo que considera una innecesaria «imposición», aunque el PP recordó que en algunas sedes de distrito la bandera española es en ocasiones obviada. El resto de grupos calificaron de «inadmisible» lo que interpretan como una «cesión cautiva» del castillo. IC-V llegó incluso a pedir por ello la dimisión del ministro de Defensa.
A pesar estas reacciones críticas, el primer secretario del PSC y ministro de Industria, José Montilla, que compareció al término de la reunión del Gabinete junto a la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, subrayó que «lo relevante es que Barcelona disponga finalmente de este emplazamiento emblemático y que se destine a lo que se comprometió el presidente del Gobierno». Agregó que «la ley no está aprobada y las banderas ya ondean allí». El texto aprobado por el Consejo de Ministro señala que el Castillo de Montjuïc «debe convertirse en un monumento a la concordia», y que, con este propósito, será la sede de un «Centro por la Paz», que «debe enaltecer a Barcelona, a Cataluña y a España sin herir la memoria de quienes allí murieron, cualquiera que fuese su ideología». Asimismo indica que debe servir de «lugar donde se den a conocer las valiosas tareas de las Fuerzas Armadas en sus misiones internacionales de paz y de ayuda humanitaria».
Fernández de la Vega destacó que los términos del acuerdo reflejan un «profundo respeto por la historia y la cultura de todos, y una apuesta firme por la convivencia de todas las identidades y sensibilidades». También desde Defensa se subrayó que se ha procurado que «la simbología no sea excluyente de nada ni de nadie». El anteproyecto determina que el «Centro por la Paz» será regido por un consorcio en el que estarán representados, como miembros natos, el Ministerio de Defensa, la Generalitat y el Ayuntamiento, que lo presidirá.
El detalle del anteproyecto de ley sentó como un tiro en el Consistorio, que hace apenas tres días, coincidiendo con la aprobación en el Senado de la Carta Municipal y el anuncio de cesión, echó las campanas al vuelo y calificó la jornada de histórica. Lo cierto es que hasta que la vicepresidenta del Gobierno detalló ayer las condiciones de la devolución, el Ayuntamiento no conocía el contenido del anteproyecto, dejando al alcalde Clos con el paso cambiado y monumental enfado. Desde el Consistorio se lamenta que la ciudad haya pagado el precio de un juego de equilibrios políticos entre el presidente Zapatero y José Bono.
