La Síndica de Greuges , organización para la defensa, llama la atención al ayuntamiento de Barcelona
Tirón de orejas de la Síndica de Greuges de Barcelona al gobierno de la ciudad. La defensora del ciudadano de la capital catalana, Pilar Malla, advirtió ayer al Pleno municipal de que 'no se puede cambiar la sociedad por decreto', y que aunque 'la ley puede ser poderosa, más lo es la necesidad', en referencia a la nueva ordenanza de Convivencia que entró en vigor el pasado 25 de enero.
Malla, que presentó su informe de 2005, dijo que aunque la ordenanza es un instrumento de la administración para actuar ante algunos problemas, el Ayuntamiento tiene que dar una alternativa para que las personas que se ven obligadas a vivir en la vía pública 'superen sus necesidades'. La Síndica criticó que en Barcelona algunos políticos estén 'haciendo política con los problemas de la gente más pobre', y puso como ejemplo la 'lucha' partidista que se ha generado por las narcosalas.
Vivienda
El informe anual de la Síndica recoge cerca de un millar de quejas que se han recibido durante el primer año de funcionamiento de este órgano, principalmente respecto a vivienda, contaminación acústica, procedimiento administrativos y servicios sociales, aunque según Malla, este documento no supone 'ni un aval, ni una oposición a la acción del gobierno municipal'.
Malla, que destacó los escasos recursos que se dedican a las ayudas y a las promociones para facilitar el acceso a la vivienda a los más desfavorecidos, lamentó la 'larga lista de espera' para acceder a pisos del Patronato Municipal de Vivienda, al recordar que en '2005 hubo 151 concesiones por 2.226 peticiones'.
Silencio administrativo
De igual forma, Malla apuntó las 'muchas quejas recibidas' por la falta de respuesta del Consistorio a los procedimientos administrativos, y destacó las debilidades de algunos ámbitos de los servicios de ayuda a domicilio, las residencias de gente mayor, la atención a drogodependientes, los sin techo o en la tutela de la infancia.
Malla valoró el diseño del Plan Municipal de Inclusión Social y la puesta en marcha del Consorcio de Servicios Sociales, aunque subrayó la necesidad de dotarlos de más recursos y de evitar que los servicios a la gente mayor se externalicen a empresas que no estén preparadas para esta función.
