Servicios Sociales y Familia firma un convenio de concertación de plazas con LARES-Aragón
El objetivo es sumar esfuerzos entre la iniciativa pública y la privada para un mejor aprovechamiento de los recursos existentes con el fin de poner a disposición de los mayores una oferta más cuantiosa de plazas para personas dependientes en Aragón.
El consejero de Servicios Sociales y Familia del Gobierno de Aragón, Miguel Ferrer, y la presidenta de la Asociación Aragonesa de Residencias y Servicios de Atención a Mayores (LARES), María Isabel Echeverría, han firmado, esta mañana, un protocolo de colaboración para concertar, inicialmente, un total de 65 nuevas plazas en residencias para mayores dependientes, pertenecientes a esta entidad.
En la actualidad, el Departamento de Servicios Sociales y Familia, a través del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, IASS, tiene concertadas un total de 160 plazas en diversos centros residenciales de LARES-Aragón. Una entidad que agrupa y representa en nuestra Comunidad a un buen número de asociaciones sin ánimo de lucro, conocidas como tercer sector o sector solidario. En total Lares-Aragón cuenta con cerca de 40 centros sociales especializados en la atención a personas mayores.
El Gobierno de Aragón, dada la experiencia acumulada por Lares en el tratamiento integral del mayor, ha decidido ampliar el número de plazas concertadas en este 2006, para hacer frente a la demanda existente de una población aragonesa cada vez más envejecida. Los datos indican que el 21 por ciento de la población tiene más de 65 años y de ellos el 12 por ciento más de 85 años en nuestra Comunidad. En este sentido, el Departamento de Servicios Sociales y Familia, apuesta por la concertación de plazas para sumar esfuerzos con la iniciativa privada, y poder disponer de un mapa de recursos adecuado para las personas en situación de dependencia.
Así, se van a destinar, este año 2006, casi cuatro millones de euros, para la concertación de plazas en centros de toda la Comunidad con el fin de favorecer un equilibrio territorial de los recursos y una atención especializada a las personas dependientes en función de su grado de falta de autonomía.
