El 'Caso Almería' cumple 25 años 'con 8 guardias sin ser juzgados'
'Ocurrió algo más que un trágico error cuando Luis Cobo Mier, Juan Mañas Morales y Luis Montero García fueron obligados a interpretar los papeles de los etarras Mazusta, Bereciartúa y Goyonechea Fradúa hasta morir mil kilómetros al sur'. La cita es del libro 'El caso Almería. Mil kilómetros al Sur' del periodista Antonio Ramos Espejo, publicado en 1982, un año después de que ocurrieran los hechos de los que hoy, precisamente hoy, día 10 de mayo, se cumplen 25 años.
Dos décadas y media después el municipio de Pechina ha cambiado, aunque los padres del almeriense Juan Mañas Morales, José (75 años) y María (70 años), madruguen cada mañana para atender la parcela que tienen camino de Rioja: 'De allí sacamos el aceite para el año'. Viven solos en casa, rodeados de los recuerdos mejores, buenos, malos, horribles, entre fotografías... de vivos: sus otros cuatro hijos, sus nueras, su yerno y sus ocho nietos. No obstante el recuerdo de Juan está cerca, guardado en la caja de guardar sus cosas que María Morales siempre tiene a mano; también en el ambiente y en las palabras de unos padres que siguen sin entender lo que sucedió y que 25 años después siguen sin comprender la pérdida de un hijo a manos de quienes tenían en su mano nada más y nada menos que garantizar la vida de los ciudadanos. María irrumpe en llanto 'Aquel hombre -refiriéndose al teniente coronel Carlos Castillo Quero - lo único que quería era que le reluciera en el pecho la medalla que le iban a dar'.
Fue algo más que un trágico error. Al fallo inicial de la identificación, que sorprendentemente no se corrigió, siguió lo que la familia considera el ensañamiento de un loco. 'No entendemos -indica José Mañas- como un alcohólico podía estar al frente de la Comandancia de la Guardia Civil'. El resultado: tres víctimas inocentes, un informe manipulado y enmarañado, el silencio de un buen número de testigos basado todo en un falso e indecente honor del cuerpo y, a la postre, el desprestigio para unos guardias que terminaron siendo condenados por homicidio y la consiguiente salpicadura para un cuerpo que no supo, por lo que fuera, estar a la altura, como posteriormente refirieron varios responsables de los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado.
La historia
El mes de mayo de 1981 tres jóvenes trabajadores deciden emprender un viaje en coche desde Santander hasta Almería para asistir a la Primera Comunión de Francisco Javier, el hermano pequeño de uno ellos, el almeriense, natural de Pechina, Juan Mañas. Con la decisión tomada, Juan Mañas Morales, Luis Montero y Luis Cobo inician el que sería su último viaje a bordo de un Seat 127 propiedad de Luis Cobo. Ese mismo día ETA atenta en Madrid contra el teniente general Valenzuela, jefe del Cuarto Militar del Rey. Los tres jóvenes son confundidos con los etarras Mazusta, Bereciartúa y Gogor, buscados como presuntos responsables del atentado contra Valenzuela. Un fallo mecánico en el que coche con el que han salido de Santander les obliga a alquilar un Ford Fiesta con matrícula de Ciudad Real con el que llegan hasta Pechina donde Juan Mañas entra en contacto con su familia.
El sábado día 9 deciden realizar por la tarde una excursión a Roquetas de Mar. Allí la Guardia Civil los detiene a última hora de la tarde y desaparecen. Sus muertes se producen en las tres horas siguientes a la detención. El domingo día 10, un comunicado oficial anuncia la muerte de los tres terroristas buscados en un tiroteo con la Guardia Civil. Los cuerpos de Juan Mañas, Luis Cobo y Luis Montero son encontrados calcinados el día 10 de mayo en el interior del coche en la carretera de Gérgal. Según la versión oficial, los tres jóvenes, detenidos como presuntos terroristas, son conducidos a Madrid en coche y cuando intentan agredir al conductor, los guardias civiles disparan contra el vehículo en el que van esposados los jóvenes.
Condena
El 28 de julio de 1981, la Audiencia Provincial de Almería condena a los tres agentes por tortura y homicidio y se marca el pago de una indemnización de tres millones de pesetas a las familias de las tres víctimas. El cumplimiento de la condena estuvo salpicado de irregularidades, ya que hasta que los homicidas fueron separados de la Guardia Civil, cumplieron condena en centros militares, en lugar de en cárceles ordinarias. Los verdugos cobraron el retiro -varios millones- con fondos reservados del Ministerio del Interior.
