Miranda de Ebro reclama al Tribunal Superior que los juicios penales se mantengan en la ciudad
Todos a una como Fuenteovejuna. Los políticos mirandeses se unieron ayer para exigir al Tribunal Superior de Justicia que anule la decisión de trasladar la celebración de los juicios orales penales a Burgos, adoptada el pasado mes de febrero y que rompe con una práctica que se mantiene de manera continuada desde hace 16 años, todos los miércoles de cada mes.
Los concejales de distintos signos políticos consiguieron aparcar sus diferencias ideológicas en el Salón de Plenos para convertirse en una piña y expresar así su 'disconformidad' con esa medida. No faltó ninguno. Todos los grupos, así como los ediles no adscritos apoyaron una moción de la Alcaldía para expresar 'la disconformidad' de la ciudad de Miranda con la iniciativa planteada por la Junta Sectorial de Jueces de lo Penal de Burgos.
Nadie cambio de opinión a pesar de que se leyó un documento del Alto Tribunal donde se quería justificar ese acuerdo. Al parecer, en un estudio realizado por las juezas responsables de las dos salas de lo Penal se argumenta que son pocos los casos que se registran en Miranda, '175 en los dos últimos años'. Además, destaca que la 'lógica acumulación' de las vistas en un mismo día provoca el retraso en la administración de Justicia, un efecto contrario al que se buscaba. Añaden también la ausencia de instalaciones adecuadas.
De todas las manera, la protesta mirandesa sigue adelante. Se trasladará al máximo tribunal de la región. Persigue el objetivo de presionar para evitar que esta amenaza se haga realidad. Se une también a la campaña que secundan abogados y procuradores a través de la recogida de firmas. El texto municipal detalla que son 'innumerables' los perjuicios que causará y entre un número importante de mirandeses, 'los que por una u otra causa deban participar en las vistas judiciales', argumenta.
Hasta el momento es una comisión judicial de cuatro personas la que se desplaza de Burgos a los juzgados mirandeses: juez, fiscal, secretario y agente judicial. Pero en el caso de que prospere esta suspensión de vistas orales, el movimiento humano será superior. Se recuerda que deberán acudir a la capital no sólo inculpados y testigos, también funcionarios, policías nacionales o locales. Inconveniente que no se limita a un viaje de 80 kilómetros, suma a otras desventajas, económica y organizativas y relacionada con permisos laborales.
Un acuerdo que afecta también a Aranda de Duero. Su Ayuntamiento suscribió otra moción en términos similares en mayo. Fueron más rápidos. Miranda parece no está dispuesta a conformarse con la pérdida progresiva de prestaciones en materia judicial. Y es que el anuncio de la desaparición de los juicios penales ha despertado otras carencias que se reivindican cada año. La falta de un fiscal y de un forense permanente. La última vez que se reclamaron fue el pasado mes de enero y la penúltima en noviembre de 2003. En este caso, se cursó de manera oficial ante la Fiscalía del TSJ y, curiosamente, contaba hasta con el apoyo del Fiscal Jefe.
