|
|
|
La justicia española reconoce la jurisdicción universal para investigar genocidios y crímenes contra la humanidad, aún si fueron cometidos en el extranjero, pero siempre que éstos no sean o hayan sido objeto de un procedimiento judicial en su país. La fiscalía pidió el 'archivo provisional' de la causa para dejar la puerta abierta a la reanudación de la investigación si más adelante aparecen informaciones contradictorias sobre la existencia de procedimientos judiciales en Israel, según esa fuente. En un documento al cual tuvo acceso AFP, la fiscalía subrayó que piden el 'archivo provisional de la causa sin perjuicio de las acciones que se puedan ejercer ante la Corte Penal internacional (CPI)' y 'dejar sin efecto la competencia para el conocimiento de los hechos debido al carácter preferente de la jurisdicción del Estado donde se han cometido los hechos'. Es un compromiso 'común de todos los Estados la persecución de tan atroces crímenes por afectar a la comunidad internacional, una elemental razonabilidad procesal y politico-criminal ha de otorgar prioridad a la jurisdicción del Estado donde el delito fue cometido', argumentó. El juez de instrucción Fernando Andreu provocó la ira de Israel, el 29 de enero, al admitir a trámite una demanda por crímenes contra la humanidad contra el ex ministro israelí de Defensa, Benjamin Ben Eliezer, y seis altos responsables militares israelíes. El Centro Palestino para los Derechos Humanos, autor de la demanda, consideró que esos últimos fueron culpables de un crimen contra la humanidad en ocasión de un ataque mortal a Gaza, el 22 de julio del 2002. Aquel bombardeo del 22 de julio de 2002 mató a un dirigente del movimiento islamista Hamas, Salá Chehadeh, y a 14 civiles palestinos, en su mayoría mujeres y niños. Unos 150 palestinos también fueron heridos durante este ataque, perpetrado con una bomba de una tonelada que lanzó un F-16 israelí sobre Gaza, contra una casa del barrio de Al Daraj. El ministro de Defensa israelí -saliente y del actual gobierno de derecha- el laborista Ehud Barak, dijo que 'haría todo' para obtener la anulación de esta investigación 'delirante'. El juez Andreu, que el 27 de febrero decidió seguir adelante con la instrucción, será quien responda a las solicitudes de la fiscalía. La fiscalía no precisó si fundaba sus peticiones en nuevos documentos enviados por Israel o si estaba en desacuerdo con la interpretación del juez. Las protestas de Israel pusieron en compromiso al Gobierno español, que desea desempeñar un papel diplomático activo en favor de la paz en Oriente Medio. La ex jefe de la diplomacia israelí Tzipi Livni dijo a finales de enero haber recibido indicaciones de que el Gobierno español había 'decidido lo antes posible' flexibilizar la ley española sobre la justicia universal 'para impedir otros procesos de este tipo, incluso contra Israel'.
Enviar a:
|
