Greenpeace presenta queja contra CE ante el Defensor del Pueblo
La organización ecologista Greenpeace presentó hoy una queja ante el Defensor del Pueblo europeo, Nikiforos Diamandouros, por la respuesta de la Comisión Europea (CE) a un informe de la organización que acusa a la industria química de haber influido sobre la CE para debilitar la normativa de químicos.
Greenpeace considera que las declaraciones realizadas el pasado jueves por un portavoz comunitario en respuesta a esas acusaciones fueron 'engañosas, imprecisas y difamatorias', según figura en la carta remitida al Defensor del Pueblo, a la que tuvo acceso EFE.
Por ello, le pide que investigue el asunto para 'aportar más transparencia al proceso de toma de decisiones comunitario y garantizar que los intereses financieros privados no ejercen una influencia indebida sobre la legislación europea'.
El informe en cuestión asegura que personas que trabajaron durante años para multinacionales como BASF o Bayer fueron contratadas por la Comisión Europea como asesoras en la elaboración del sistema de registro, evaluación y autorización de químicos (REACH), aprobado a finales del pasado año.
Según el informe, esa conducta se inscribe en la 'práctica de presión' cada vez más 'popular', que consiste en el intercambio de puestos entre funcionarios comunitarios y representantes de la industria.
El portavoz comunitario de Industria, Gregor Kreuzhuber, dijo el jueves que las acusaciones de la organización ecologista eran 'totalmente injustas e infundadas' ya que 'el hecho de que la Comisión haya contratado, y siga haciéndolo, a personas que trabajan para la industria no debe ser presentado como algo delictivo'.
Añadió que se trata de una práctica 'completamente normal' a la hora de elaborar documentos legislativos 'tan técnicos y complicados como el REACH'.
Además, aseguró que algunos de los funcionarios que menciona el informe nunca trabajaron en la elaboración de esa propuesta.
Greenpeace indica en la carta enviada que los datos del informe son fruto de una 'profunda investigación'.
'En lugar de denegar y ocultar hechos, la Comisión debería informar al público de todos los casos en que personas que trabajan para la CE hayan estado vinculadas directamente antes, durante o después de su contrato...con empresas y organizaciones que tengan intereses financieros directos en la legislación europea correspondiente', añade.
