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Durante la aprehensión, la policía chilena incautó, según los detenidos, vídeos, equipo de sonido, cámaras y vestuario necesarios para la filmación del documental, financiado por el estatal Fondo de Fomento Audiovisual del Consejo Nacional de Cultura y las Artes. A juicio de Amnistía Internacional (AI), 'las autoridades pueden haberla arrestado (a Varela) en un intento de detener las investigaciones sobre este conflicto y como una forma de intimidar tanto a ella como a las comunidades mapuches'. Asimismo, el grupo defensor de los derechos humanos 'teme que esta información pueda ser usada por las fuerzas de seguridad para intimidar y hostigar a activistas mapuches y a otras personas que han participado en entrevistas grabadas para el documental'. En ese contexto, Amnistía hizo un llamado de 'acción urgente a cientos de miles' de activistas en el mundo para que apoyen y pidan a las autoridades, tanto de Chile como el extranjero, interceder por Varela. Pese a varios intentos de Efe, la Oficina presidencial de derechos humanos, cuya encargada es María Luisa Sepúlveda, no estuvo disponible para emitir una opinión sobre la iniciativa de AI. Elena Varela y los demás detenidos fueron acusados por la jueza a cargo del caso, Andrea Urbina, de los delitos de asociación ilícita, robo con homicidio y tenencia ilegal de armas. Urbina ordenó, además, la prisión preventiva por considerarlos un peligro para la sociedad. Intelectuales chilenos, entre ellos el Premio Nacional de Literatura, José Miguel Varas, han exigido la presunción de inocencia y la libertad provisional para Varela, al tiempo que reclaman la devolución y resguardo de los registros fílmicos. El pasado 14 de mayo la cineasta envió una carta desde la cárcel de Rancagua, donde se encuentra detenida, a la ministra de Cultura, Paulina Urrutia, y otras autoridades de la industria audiovisual en Chile. 'Les escribo desde esta cárcel siniestra y fría, donde no hay árboles, ni flores, ni poesía, ni música, ni cantos', dice en la misiva. La documentalista explica que en los últimos diez años ha luchado por la educación artística, por generar espacios de participación y expresión cultural, en los cuales ha buscado 'las historias de grupos sociales y políticos que han sufrido atropellos en derechos humanos, políticos, culturales y sociales'. 'Creí que el haber participado en el Consejo de la Cultura, en democracia, me permitiría mostrar otros mundos, y que de verdad tenía este apoyo. Pero aquí estoy perseguida, inculpada y detenida por cargos que no he cometido', afirma. 'Hoy mis registros audiovisuales han sido requisados (...), inculpándome en calidad de terrorista', apunta y agrega que su detención 'ha sido siniestra, como en los años de dictadura'. 'En nombre de la dignidad de las personas y todo lo conseguido por los artistas que han luchado por una sociedad más justa, solicito mi libertad y justicia a lo que hemos sufrido', concluye Varela, quien también denuncia que la han amenazado con su familia. Al respecto, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes exhortó a los órganos jurisdiccionales a resguardar el derecho de reserva de la fuente por tratarse de un documental y solicitó la devolución de todo material audiovisual original. 'La eventual utilización de este material como medio de prueba puede sentar un precedente perjudicial para el desarrollo de piezas audiovisuales que requieren de testimonios', advirtió una declaración pública.
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