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 Jesús Caldera | |
Recordó que a los extranjeros residentes en España habrá que añadir los que pueden venir gracias a la reagrupación familiar y advirtió que habrá que ver las consecuencias cuando demanden servicios sanitarios o vivienda, al tiempo que pidió medidas para evitar "bolsas de marginalidad" que pueden generar xenofobia y enfrentamientos.
CCOO anunció por su parte que promoverá la actuación de la Fiscalía para perseguir a los empresarios que contraten de modo irregular a inmigrantes y se aplique el Código Penal al considerar que no sólo se les debe sancionar desde el punto de vista laboral, sino también por "la explotación de seres humanos".
El secretario general de este sindicato, José María Fidalgo, consideró "ambicioso y positivo" el proceso al permitir aflorar "una parte importante" de la economía sumergida, y la secretaria de Igualdad de UGT, Almudena Fontecha, coincidió con ese análisis al calificarlo de "muy satisfactorio" no sólo por la cifra de solicitudes, sino por implicar la regularización laboral.
Según los datos aportados por Caldera, el 88 por ciento de las peticiones ha sido admitido a trámite, el 3 por ciento no ha sido admitido y casi el 9 por ciento está pendiente de algún certificado.
Más del 60 por ciento de las solicitudes de regularización se han presentado en Madrid (170.784), Cataluña (138.537) y la Comunidad Valenciana (106.711).
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El titular de Trabajo apuntó que no está satisfecho con las bajas cifras de Ceuta y Melilla, ciudades en las que se "volcará" la Inspección, y avanzó también que se estudiará la situación de provincias del interior en las que el número de peticiones respecto al de empadronados es más bajo que la media.
Ecuatorianos (139.714 solicitudes), rumanos (118.298) y marroquíes (85.969) suman cerca del 50% de los expedientes, seguidos de colombianos, bolivianos y búlgaros.
Por sectores de actividad, el servicio doméstico agrupa el 31,67 por ciento del total -217.627 peticiones de las que el 83,4 por ciento corresponde a mujeres- y le sigue la construcción, con 142.654 solicitudes y cerca del 95 por ciento de hombres.
Ganadería y agricultura agrupan 100.408 peticiones; la hostelería, 71.202; el comercio al por menor, 32.778; y la fabricación de textiles, 17.700. Del conjunto de peticiones, el 58,76 por ciento corresponde a hombres y el 41,24 a mujeres, aunque esta distribución presenta grandes variaciones por nacionalidades, ya que, por ejemplo, entre los marroquíes sólo hay un 15 por ciento de mujeres.
Desde IU-ICV, Joan Herrera valoró el proceso, pero como varias ONG de inmigrantes pidió al Gobierno una solución para los trabajadores inmigrantes a los que sus empleadores "no les han ofrecido un contrato de trabajo o les han despedido" aunque cumplían con los demás requisitos.
Su grupo parlamentario presentó hoy en el Congreso una proposición no de ley con ese objetivo y para "multiplicar e intensificar" la Inspección de Trabajo. Por parte de CiU, Carles Campuzano consideró que el proceso ha sido la "expresión del fracaso del Gobierno del PP" y ha actuado de manera "contundente" contra la economía sumergida, aunque criticó la "improvisación" y la "insuficiente" vigilancia de las fronteras españolas que podría aumentar el número de inmigrantes irregulares.
La asociación hispano-ecuatoriana Rumiñahui pidió ayer un estatus temporal para la búsqueda de empleo para los inmigrantes despedidos en el transcurso del proceso y hoy la asociación de trabajadores marroquíes ATIME solicitó una alternativa "más allá" de las repatriaciones para quienes han quedado al margen.
El presidente de ATIME, Mustafá Mrabet, consideró que el principal problema han sido las ofertas de trabajo por parte de los empresarios y reclamó que se deje de utilizar con intereses partidistas.
| Terra Actualidad - EFE |
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