C.Europa contrario a las expulsiones colectivas de inmigrantes
Los representantes de los países del Consejo de Europa adoptaron hoy veinte directrices sobre las expulsiones y reconducciones de inmigrantes ilegales, en las que se muestran contrarios a las expulsiones colectivas.
Según el texto aprobado, las expulsiones 'colectivas de extranjeros están prohibidas': cada caso debe ser examinado a la luz de la situación 'particular' del interesado y las circunstancias propias del caso.
El Estado debe asegurarse de que la persona no corre ningún riesgo real de ser ejecutada o sometida a tortura o a penas o tratos degradantes en su país de origen o de regreso.
Con el fin de 'limitar el uso de la fuerza' en las operaciones de reconducción, los Estados de acogida deberían alentar la cooperación de los afectados en 'cada etapa del proceso de alejamiento', señala el texto, según el cual nadie puede ser reconducido si no está en condiciones médicas de viajar.
Los métodos de fuerza para controlar a la persona deben estar estrictamente proporcionales a su resistencia real o prevista, y no deben utilizarse técnicas o procedimientos coercitivos que podrían obstruir las vías respiratorias parcial o totalmente.
Cuando haya incidentes deben ser consignados y cuando una persona expulsada cursa una denuncia por malos tratos durante la operación de retorno, debe haber una investigación 'efectiva e independiente en plazos razonables'.
Los plazos para recurrir contra las ordenes de expulsión no deben ser excesivamente cortos y deben respetarse los procedimientos legales, indica también el texto.
Las detenciones previas a la reconducción deben estar justificadas, ser lo más breves posibles (con posibilidad de recurrir para el interesado) y en condiciones de alojamiento y de trato adecuadas, con acceso a abogados, médicos y ONGs.
La detención de menores previa a una expulsión debe ser 'un último recurso' y durar el menor tiempo posible.
El texto aboga por la cooperación entre el Estado de 'acogida' y el de 'regreso' para facilitar el retorno de los ilegales.
Señala que el Estado de origen debe cumplir su obligación de readmitir a sus nacionales sin poner obstáculos y no debe tomar represalias contra las personas devueltas porque hayan pedido asilo o cometido algún delito en otro país.
Se trata del primer texto internacional que aborda 'todas las etapas del procedimiento del regreso forzado' de ilegales, desde la constatación de la irregularidad de su situación hasta la vuelta 'efectiva', indicó el Consejo de Europa en un comunicado.
El texto, que preconiza una mayor transparencia y una mejor comunicación, se basa en la convicción de que 'el respeto de los derechos humanos y la eficacia del procedimiento de regreso se refuerzan mutuamente'.
Después de varios incidentes 'mortales' ocurridos en expulsiones o reconducciones, tal como constató la Asamblea Parlamentaria del Consejo en 2002, el Comité de Ministros (integrado por los delegados de los países miembros) decidió agrupar en un solo texto las diferentes normas elaboradas hasta la fecha en este frente.
Además, optó por incorporar al texto varias 'buenas prácticas' que representan 'medios novedosos y prometedores' para conciliar el regreso forzado de ilegales y el 'pleno respeto de los derechos humanos'.
El texto señala que ninguna de las directrices implica 'nuevas obligaciones' para los 46 Estados miembros del Consejo de Europa, y que nada en ellas puede afectar a las disposiciones del derecho nacional o internacional que contribuyen a la protección de los derechos humanos.
