Crean una plataforma en defensa de la ejecución de sentencias de demoliciones
Una quincena de colectivos vecinales y sociales de Marbella han constituido una plataforma para defender la ejecución de las sentencias de demolición sobre las edificaciones ilegales existentes en el municipio malagueño.
Según explicó a Efe el portavoz de la plataforma, Rafael Avila, el objetivo del colectivo, que se presentó hoy en el Ayuntamiento, es que el interés general de los ciudadanos de Marbella prevalezca sobre el particular de los compradores de las construcciones irregulares que están denunciando 'desde 1991'.
La 'Plataforma 29 de Marzo' -que toma su nombre de la fecha en la que se produjo la primera fase de la 'Operación Malaya'- está integrada por una decena de comunidades de vecinos, la Asociación de Extranjeros Residentes en Marbella, los comités de empresa de los hoteles Meliá Don Pepe y Don Miguel y Ecologistas en Acción.
'No podemos consentir que se negocie la legalización por la puerta de atrás de una actuación ilegal continua y deliberada', apuntó el portavoz del colectivo, que señaló que 'las sentencias judiciales están para ser ejecutadas'.
Avila indicó que no es competencia de la plataforma enjuiciar la buena fe de los compradores, pero destacó que el número de afectados 'no es tan elevado como cuentan', porque el número de viviendas ocupadas como primera residencia 'no alcanza el cuarenta por ciento'.
En este sentido, el representante del colectivo y portavoz de Ecologistas en Acción recordó que el número de viviendas existentes en la ciudad supera las 80.000, de las cuales más de 28.000 son vivienda principal, cerca de 25.900 son segunda residencia y más de 16.400 se encuentran desocupadas.
Subrayó que las edificaciones ilegales ocupan suelos públicos que 'pertenecen' no sólo a los vecinos de Marbella, 'sino también a las generaciones venideras', y el incumplimiento de las sentencias de demolición 'representa un insulto' a aquellos que han denunciado dichas actuaciones tanto públicamente como en los juzgados.
Para la plataforma, la hipotética legalización de las construcciones supondría 'un gravísimo agravio comparativo' para los vecinos que rodean las mismas, 'que han visto cómo han perdido calidad de vida, vistas, horas de sol e intimidad, y cómo sus propiedades han perdido valor patrimonial'.
Avila indicó que el colectivo quiere además ser tenido en cuenta a la hora de elaborar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella con el fin de que 'no se legalicen actuaciones ilegales a través de modificaciones puntuales'.
