Familiares piden 'verdad y justicia' antes de juicio en Italia
Familiares de tres italianos desaparecidos durante la última dictadura militar en Argentina dijeron hoy que buscarán 'verdad y justicia' en el juicio contra represores argentinos que se abrirá la semana próxima en Italia.
En el proceso, que comenzará en Roma el miércoles próximo, se juzgará 'en ausencia' a Alfredo Astiz, conocido como el 'ángel de la muerte', a Jorge 'Tigre' Acosta, a Antonio Febrés y a Jorge Vildoza, todos ellos presos en Argentina, salvo el último que está prófugo.
El ex almirante Emilio Massera, el otro imputado en los tribunales italianos, fue declarado 'demente' en marzo pasado, por lo que se suspendieron los procesos que se le seguían en Argentina.
Tal como ocurrió en 1990, cuando el ex marino Astiz fue condenado 'en ausencia' a cadena perpetua por un tribunal de París por el homicidio de dos monjas francesas durante la dictadura, los imputados no estarán presentes en los tribunales italianos.
De todos modos, los parientes argentinos de los italianos desaparecidos durante el régimen que gobernó el país suramericano entre 1976 y 1983 dijeron a EFE que aguardan con 'expectativa' declarar como testigos en el juicio.
'Lo que busco es verdad y justicia pensando en el conjunto de la sociedad', aseguró Juan Carlos Dante Gullo, cuya madre, Angela Aietta, fue secuestrada en agosto de 1976 por un 'grupo de tareas' de la dictadura.
En ese momento Aietta reclamaba la liberación de Gullo, que era dirigente de la Juventud Peronista y fue encarcelado en 1975, más de un año antes del inicio del régimen militar, y recién recuperó la libertad con el retorno de la democracia, en octubre de 1983.
Gullo, que nunca abandonó su militancia política y se define como 'un luchador por los derechos humanos', consideró que 'hay mucha documentación y testimonios aportados por testigos' para que los cinco acusados por la desaparición de su madre sean condenados.
'Italia trabajó con mucha seriedad en este caso, en el que puede pasar algo parecido a lo que ocurrió con Astiz en Francia. También hubo aportes importantes de la Justicia de España para el castigo a los crímenes de lesa humanidad de la dictadura argentina', señaló.
Gullo viajará el domingo próximo a Roma junto a Inocencia De Luca, una integrante de las Abuelas de Plaza de Mayo que es la esposa de Giovanni Pegoraro y la madre de Susana Pegoraro, también desaparecidos desde junio de 1977.
Tanto Giovanni Pegoraro y su hija, como Angela Aietta, estuvieron detenidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) de Buenos Aires, la mayor cárcel clandestina de la dictadura, por la que pasaron unas 5.000 víctimas de la represión ilegal.
'Mi esposo fue muerto en la ESMA, donde también estuvo mi hija.Como cuando la secuestraron ella estaba embarazada de cinco meses, la llevaron especialmente ahí para el parto y a mi nieta se la entregaron a un marino', afirmó Pegoraro.
La mujer sostuvo que, aunque logró ubicar a su nieta, actualmente no tiene 'ningún contacto' con la joven debido a que 'no quiere hacerse los análisis' genéticos para determinar su verdadera identidad y sigue viviendo con la familia que la crió.
'Está bien que el juicio se haga en Italia. En Argentina se ha juzgado mucho pero no ha servido de nada, hay muchos que todavía andan sueltos', se lamentó.
En cuanto a los cinco represores que serán juzgados en Roma, tres están detenidos en Argentina por diferentes crímenes cometidos durante el régimen militar, entre ellos el secuestro y cambio de identidad de hijos de desaparecidos.
En el caso de Astiz, que además de Italia es requerido por jueces de Alemania, España, Francia y Suecia, está preso desde 2003 tras la reapertura en Argentina de la causa judicial por delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA.
Por su parte, Massera, de 79 años, está postrado en una cama, mientras que el capitán de navío Acosta y el ex miembro de la Prefectura Naval Febrés permanecen en prisión por robo de bebés.
En cambio, el marino Jorge Vildoza está prófugo desde que en 2003 el juez español Baltasar Garzón pidió la detención de 46 represores argentinos con vistas a juzgarlos en su país, pero el proceso no siguió adelante debido a que el Gobierno de España decidió no pedir su extradición.
