Fiscal pide más de tres años cárcel alcalde Guillena por delitos urbanísticos
La Fiscalía de delitos urbanísticos de la Audiencia de Sevilla pide 45 meses de cárcel y ocho de inhabilitación para empleo o cargo público para el alcalde de Guillena, Justo Padilla (PSOE), al que acusa de tres delitos contra la ordenación del territorio.
Según el escrito de acusación, al que tuvo acceso EFE, la petición es consecuencia de la denuncia presentada por IU contra este alcalde socialista por dar licencia para construir 21 naves industriales en el Polígono 'El Cerro' -un terreno reservado para zona verde-, tras una modificación urbanística en marzo de 2002.
La modificación trasladó la zona verde a otra parte del polígono, pero según la Consejería de Obras Públicas tal actuación 'propone la ocupación de unos terrenos no idóneos para ello' por su proximidad al cauce de un arroyo.
El Fiscal relata que la modificación contó inicialmente con dos informes desfavorables, uno del secretario de la Corporación Municipal, en el se manifiesta que la clasificación urbanística de los terrenos es de 'zona verde y que toda actuación tendente al uso del suelo que no se ajuste a este fin habrá de suspenderse', y otro del arquitecto municipal en los mismos términos.
'Pese a todo lo anterior, el alcalde, con un manifiesto desprecio a la opinión de los servicios técnicos municipales en el aspecto urbanístico y jurídico, dicta un decreto de Alcaldía y concede la licencia de obra', asegura el Fiscal.
Además, sostiene que la modificación del PGOU que posibilita la construcción de las naves 'no era norma vigente, pues no se habían seguido aún los trámites necesarios para su aprobación', trámites -agrega- que 'conocía perfectamente' el alcalde.
'Y si alguna duda cabía de la intención de imponer su voluntad sobre norma o institución, es de reseñar que tampoco ordenó parar las obras una vez conocidos los informes desfavorables de la Comisión Provincial de Urbanismo, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Obras Públicas, del Consejo Consultivo de Andalucía y del Consejo de Gobierno de la Comunidad', esgrime el fiscal, que recuerda que las naves construidas están actualmente en explotación por negocios particulares.
Por todo ello, el fiscal le acusa de tres delitos contra la ordenación del territorio ('prevaricación especial') y pide imponer al alcalde por cada uno de ellos la pena de quince meses de prisión, inhabilitación especial durante el tiempo de la condena y ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
Salvo que el PSOE de Sevilla cambie de decisión, el alcalde de Guillena optará finalmente a la reelección y encabezará las listas de su partido a los comicios municipales de mayo.
