El Gobierno camboyano prohíbe difusión de informe contra tala ilegal árboles
El Gobierno de Camboya prohibió hoy la difusión en el país del informe de la organización 'Global Witness' que acusa a una 'elite de cleptómanos' del entorno del primer ministro de estar destruyendo ilegalmente los bosques de la nación.
El jefe del Ejecutivo, Hun Sen, ha convocado para una mañana una reunión especial de su Consejo de Ministros que tratará en profundidad el asunto, según dijo a Efe un portavoz del ministerio de Información camboyano, quien confirmó además la prohibición del informe.
El Gobierno camboyano se reserva el derecho a emprender acciones legales contra el grupo de derechos humanos con sede en Londres por lo que ha calificado como acusaciones 'políticamente motivadas' contra la familia de Sen, cuya imagen personal ha resultado a su juicio muy perjudicada por el contenido del estudio, señaló la mencionada fuente.
En el informe, divulgado hace dos días y titulado 'Los árboles de las familias de Camboya', la organización no gubernamental detalla profusamente como 'familiares y asociados al primer ministro y altos funcionarios están destruyendo ilegalmente los bosques camboyanos con completa impunidad'.
La sociedad 'Seng Keang', controlada por individuos relacionados con Sen, el ministro de Agricultura, Bosques y Pesca y el director general de la Administración de Bosques, entre otros, y la compañía conocida como 'Brigade 70' protagonizan la trama denunciada por el grupo ecologista.
El estudio sostiene que 'Brigade 70' desarrolla un servicio de contrabando y tráfico de madera a escala nacional que obtiene cada año beneficios por valor de casi tres millones de dólares, y buena parte de este dinero iría a parar a los bolsillos del jefe de los guardaespaldas del primer ministro, teniente general Bun Heang.
Ambas empresas son responsables, según el documento, de haber ingresado de forma ilícita de más de 13.000 millones de dólares anuales promulgando la tala ilegal de árboles, y dejado sin hogar a miles de familias residentes en múltiples zonas del país.
Junto a ello, acusa directamente a sus gestores de delitos adicionales relacionados de evasión de impuestos, soborno, secuestro e intento de homicidio.
Estas actividades, según 'Global Witness', han contribuido al enriquecimiento espectacular de la elite política y a financiar el presunto ejército privado del propio Hun Sen, cuyos 6.000 efectivos se encargan de velar por la seguridad de los negocios 'turbios' del entorno del primer ministro, agrega el estudio.
Por otra parte, el Grupo Consultivo de Camboya (GCC) -formado por el Banco Mundial y otros organismos multilaterales y países- se reunirá el próximo 19 de junio para determinar la ayuda que dará a una de las naciones más pobres del Sudeste Asiático, casi la mitad de cuyos presupuestos estatales depende de estos fondos.
'Si los (países y grupos) donantes de Camboya quieren que los recursos naturales de la nación se administren en una forma que beneficie al pueblo camboyano, entonces deben de controlar la gran corrupción' que permite operar a las empresas denunciadas, aseguró el director de 'Global Witness', Simon Taylor.
En 2006, los donantes aprobaron una ayuda anual inicial de 601 millones de dólares.
Chan Sarun, el ministro implicado en la trama de tala ilegal, reaccionó hace dos días a la publicación del informe alegando que el grupo conservacionista 'sólo están buscando venganza porque les despedimos'.
El Gobierno de Hun Sen, quien ocupa de forma ininterrumpida la jefatura del Ejecutivo camboyano desde 1985, contrató en 1999 a 'Global Witness' para que defendiera las junglas del país, en un intento de contener las críticas del GCC y salvar los fondos que podía recaudar de esta agrupación.
Dos años más tarde, rompió el acuerdo después de que la ONG emitiera un estudio 'incómodo' para los líderes camboyanos, aunque no ordenó deportar a sus trabajadores hasta finales de diciembre de 2002, y desde entonces siguen informando sobre Camboya pero ahora fuera de sus fronteras.
