Izquierda, sindicatos y ONG critican la aprobación de la directiva de retorno
Los grupos de la izquierda del Parlamento Europeo (PE), los sindicatos y varias organizaciones no gubernamentales criticaron hoy la aprobación por la Eurocámara de la directiva de retorno de los inmigrantes, al considerar que no ofrece suficientes garantías para los derechos de los 'sin papeles'.
El eurodiputado socialista italiano Claudio Fava aseguró, en rueda de prensa, que es una 'aberración' que tanto los gobiernos europeos como una mayoría del Parlamento comunitario hayan respaldado una norma que permite la retención de los irregulares hasta un máximo de 18 meses.
En la misma línea, su compañera francesa Martine Roure opinó que es 'inaceptable' un texto como éste, que establece la posibilidad de que se deporte a menores sin familia a 'terceros países con los que no tienen ninguna relación'.
En declaraciones a Efe, el eurodiputado español de Izquierda Unida Willy Meyer se declaró 'avergonzado' ante la aprobación de la normativa
'No me reconozco en esta Europa que pretende deportar a 8 millones de personas recuperando la figura de la detención administrativa', indicó e hizo un llamamiento a la ciudadanía para que, a través de los sindicatos y las ONG, se movilice contra la directiva.
Precisamente, la Confederación Europea de Sindicatos (CES) expresó en un comunicado sus dudas ante la posibilidad de que algunas disposiciones de la norma sean contrarias a los derechos fundamentales y calificó de 'inaceptables' los periodos de detención establecidos, la prohibición de retorno y la deportación a países distintos al de origen.
Por su parte, la organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional se mostró 'profundamente decepcionada', pues el texto adoptado 'no garantiza el retorno de los inmigrantes en situación irregular en condiciones de seguridad y dignidad'.
'Al contrario, un periodo de detención excesivo de hasta un año y medio, así como la prohibición de regreso a la UE para los expulsados podrían rebajar los estándares actuales en los Estados miembros y son un ejemplo extremadamente malo para otras regiones del mundo', señaló en un comunicado.
También la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) aseguró desde París que varios puntos del texto 'son incompatibles con las obligaciones de los Estados miembros en materia de derechos humanos' y acusó a los eurodiputados de 'rechazar la mayoría de las enmiendas destinadas a corregir las disposiciones que contienen potenciales violaciones de los derechos de los inmigrantes'.
La directiva 'atesta un golpe a la universalidad de los derechos humanos en el año del 60 aniversario de la Declaración Universal', indicó la presidenta de la FIDH, Souhayr Belhassen.
SOS Racisme calificó de 'vergonzosa' la adopción de la directiva, que 'atenta contra los ideales de libertad y convivencia que portan los padres de Europa'.
'Es inadmisible que se decida el encierro de personas vulnerables, como menores extranjeros, extranjeros enfermos, con el único motivo de que están en situación irregular a la vista de la legislación de los países de acogida', indicó en un comunicado.
Por contra, el comisario europeo de Justicia e Interior, Jacques Barrot, destacó la creación de un marco jurídico común que pone fin a una 'fragmentación que podía atentar contra la dignidad de las personas'.
'Este texto ofrece ciertas garantías comunes (...), al tiempo que permite que los Estados miembros mantengan y establezcan regímenes más protectores', señaló en un nota.
En el mismo sentido, el ponente de la directiva en la Eurocámara, el popular Manfred Weber aseguró que la norma supone un 'buen primer paso' y su aprobación demuestra la 'capacidad de decisión' del PE.
Weber criticó el 'juego político' del grupo Socialista, que votó mayoritariamente en contra, y recordó que algunos gobiernos socialdemócratas como el de España eran los que 'querían una directiva más dura'.
Por parte del Partido Popular español, Agustín Díaz de Mera aseguró en un comunicado que la directiva es un 'primer y decidido paso de la Unión Europea para tener una verdadera política de inmigración común'.
Respecto al periodo máximo de retención de hasta 18 meses, subrayó que pone fin 'a algo difícilmente comprensible como es que en la Unión Europea haya lugares donde los inmigrantes pueden ser retenidos indefinidamente' y destacó que ningún país podrá utilizar la norma 'para endurecer sus leyes en materia de inmigración'.
