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La medida del asambleísta puertorriqueño Wilfredo Caraballo ha encontrado apoyo incluso entre policías y familiares de víctimas de asesinato que acudieron a audiencias públicas en favor del proyecto de ley. De aprobarse en la comisión, tres días después el pleno de la Asamblea, dominada por demócratas, votaría la iniciativa en su última sesión de este año. Su autor se mostró confiado en que cuenta con apoyo suficiente para ser aprobada y se espera que el Senado, también de mayoría demócrata, vote sobre la legislación ese mismo día. 'He sido un opositor de la pena de muerte toda mi vida adulta', comentó a Efe Caraballo, quien recordó que hace siete años presentó un proyecto para abolir la pena capital, que no encontró aval en momentos en que tanto la Asamblea como el Senado eran dominados por el Partido Republicano. 'El estado no debe quitar la vida a nadie y no deberíamos permitir que la sociedad caiga tan bajo como aquellos que no la valoran', defendió Caraballo, quien en diciembre concluye su gestión como legislador, tras doce años en la Asamblea. En su lucha contra la pena capital, el legislador ha argumentado en otras ocasiones que es 'cruel' y recordó que pruebas de ADN han logrado la exoneración de 124 convictos en espera de ser ejecutados en EE.UU. La propuesta ya logró el respaldo del Comité de Presupuesto y Apropiaciones del Senado y el presidente de este cuerpo, Richard Codey, un opositor de la pena de muerte, ha dicho que planeaba llevarla a votación antes de que concluya el año. También hay quienes se oponen a su derogación, entre estos los legisladores republicanos, cuyo portavoz en el Senado, Leonard Lance, intentó someter una enmienda para que la pena capital se impusiera solo por penas de asesinato de un agente del orden, de un niño durante un crimen sexual y de terrorismo. El proyecto de Caraballo, un ex defensor público y profesor de leyes en la Universidad de Seton Hall en este estado, recibió luz verde luego de que la Comisión de Estudio sobre la Pena de Muerte, creada por la Asamblea en 2006 para estudiar todos los aspectos de este castigo, recomendara que fuera sustituida por cadena perpetua sin libertad condicional. La Comisión, integrada por 13 miembros independientes, recomendó además, luego de cinco audiencias públicas entre julio y octubre de 2006, que el dinero que pudiera ahorrar el estado como resultado de abolir el estatuto se asigne para ayudar a los familiares de las víctimas. Un estudio efectuado en Nueva Jersey en 2005 reveló que este estado gasta un promedio mínimo de 11 millones de dólares al año en un sistema de pena capital que nunca se ha implantado. De abolirse la pena capital, Nueva Jersey sería el primer estado que rechaza el castigo, tras ser reimplantado por el Tribunal Supremo en 1976 en todo el país. Desde esa fecha, han sido ejecutados en el país 1.999 personas, según el Centro de Información de la Pena de Muerte. Además de Nueva Jersey, la pena de muerte se aplica hasta ahora en 38 de los 50 estados.
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