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La ley, aprobada en la víspera por el pleno del Congreso y publicada hoy en el diario oficial 'El Peruano', afecta a las zonas y localidades declaradas en estado de emergencia. También se faculta a las regiones y municipios que no están declarados en emergencia, previo acuerdo de sus consejos, a reprogramar excepcionalmente su presupuesto 2007, para destinar fondos hasta en un 20 por ciento a la ayuda humanitaria para las localidades afectadas por el terremoto. Los gobiernos regionales y locales pueden, además, adquirir bienes o servicios, aunque están obligados a enviar los informes respectivos de las adquisiciones, en un plazo de 60 días, a la Contraloría y a la Comisión de Fiscalización del Congreso. Como consecuencia del poderoso movimiento telúrico se declaró en estado de emergencia el departamento de Ica y la provincia de Cañete, en el de Lima, ambos situados en la costa central peruana. También las provincias de Catrovirreyna, Huaytará y el distrito de Acobambilla, situadas en el departamento andino de Huancavelica, colindante con Ica. Por otro lado, el Ejecutivo amplió la declaración del estado de emergencia a toda la provincia de Yauyos, en el departamento de Lima, que fue afectada por el terremoto, en otro decreto publicado hoy en el diario oficial 'El Peruano'. Anteriormente, esta situación regía solamente en los distritos de Huañec y Tupe, en Yauyos. El fuerte sismo que asoló el 15 de agosto Perú cobró la vida de 513 personas y dejó 1.090 heridos, además de que destruyó 37.612 viviendas, 46 escuelas y 14 centros de salud, según las últimas cifras del Instituto Nacional de D
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