Plataforma denuncia a Fiscalía y UE presuntas irregularidades
La Plataforma de Iniciativas Ciudadanas ha presentado a la Fiscalía de Medio Ambiente y a la Comisión Europea sendos informes sobre el Plan Rabassa para que investiguen las presuntas irregularidades y el incumplimiento del derecho comunitario que, en su opinión, comete este plan urbanístico.
Diversos miembros de la Plataforma, entre ellos el profesor Carlos Gómez Gil, la abogada María Teresa Catalá y el coordinador de La Unió Ernest Blasco, presentaron hoy en rueda de prensa ambos escritos, con los que pretenden 'evitar que se consume el disparate que es el Plan Rabassa'.
Esa actuación urbanística, aprobada el pasado mes de junio por el Ayuntamiento de Alicante con los votos a favor del PP, prevé la construcción de 15.000 viviendas en una superficie de 4,2 millones de metros cuadrados ubicada en el barrio de Rabassa de la ciudad.
En este momento, ese Programa de Actuación Integrada (PAI) está a la espera de recibir varios informes sectoriales del Ministerio de Defensa, de Fomento y de Medio Ambiente que podrían introducir algunos cambios y de su aprobación definitiva por la Comisión Territorial de Urbanismo de la Generalitat, según precisó Gómez Gil.
En el escrito presentado a la Fiscalía, la Plataforma recuerda que el PAI ha contado desde sus inicios 'con una notable oposición ciudadana', por lo que solicita a esta institución que analice la posible existencia de irregularidades de carácter legal en su ámbito de competencias, para 'adoptar las medidas oportunas'.
Asimismo, en el escrito enviado a la Dirección General de Mercado Interior y Servicios de la Comisión Europea, la plataforma formula una 'queja por incumplimiento del derecho comunitario', puesto que consideran que la actuación urbanística incumple, al menos, seis directivas europeas.
Entre ellas, la de coordinación de procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, la relativa a evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, y la que establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.
Según Gómez Gil, es una 'irresponsabilidad' del alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi (PP), y de su gobierno 'estar empeñados en aprobar un proyecto urbanístico al margen del clamor social, de la legalidad y de las necesidades de la ciudad'.
Además, se refirió al anuncio realizado ayer por Díaz Alperi sobre que espera aprobar inicialmente antes de abril el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, y lo calificó de 'nueva cacicada'.
Gómez Gil recordó que Díaz Alperi justificó la presentación del PAI de Rabassa al margen del PGOU por la necesidad de construir viviendas sociales en Alicante que no podían esperar a la aprobación del PGOU.
'Qué llamativo que este alcalde diga ahora que se va a presentar el PGOU antes de que esté aprobado el Plan Rabassa', sostuvo.
