Protección de Datos investiga la difusión de imágenes de una agresión a menor
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha abierto una investigación tras la captación y difusión de imágenes, a través de un móvil y de internet, de una agresión a una menor ecuatoriana en el municipio madrileño de Colmenarejo.
Según ha explicado a Efe el director de la Agencia, Artemi Rallo Lombarte, se pretende determinar si con la difusión de dichas imágenes se ha vulnerado la ley de protección de datos y establecer en su caso la sanción económica correspondiente, que puede oscilar entre 600 y 600.000 euros.
En el vídeo, que fue difundido a través de mensajes de móvil y colgado en internet, se ve cómo una joven golpea repetida y fuertemente a otra en la cabeza y el resto del cuerpo, hasta que la víctima queda tendida en el suelo sin moverse, mientras unas amigas la jalean.
La agresión se produjo el pasado día 25 y fue grabada en móvil por unas amigas de la supuesta agresora.
Artemi ha recordado que este organismo está investigando otros casos similares, como la grabación de otra agresión a un hombre con discapacidad, en Móstoles (Madrid), que fue colgada también en internet.
Los procedimientos se abren tras la captación de forma ilegítima de la imagen de una persona en circunstancias 'tremendas y lamentables, que merecen persecución desde diversos frentes', en la mayoría de los casos judicial y policial, ha explicado el director de la AEPD.
'La inspección es para evaluar si ha habido una intromisión de la privacidad usando ilegítimamente la imagen de esta persona', ha señalado Artemi, quien explica que si se han colgado en la red 'las actuaciones son más sólidas porque puede ser más sencillo identificar a quienes las han volcado'.
La agencia requerirá al portal de internet donde supuestamente se colgaron las imágenes y verificará además si la víctima 'se identifica o resulta identificable para imputar responsabilidades'.
'El procedimiento sancionador podría culminar fundamentalmente con la imposición de una sanción o multa a quien haya captado la imagen y en su caso la haya divulgado', que según la ley orgánica de Protección de Datos puede ser de entre 600 y 600.000 euros, atendiendo al tipo de infracción o la voluntad del daño, entre otras circunstancias.
El director de la Agencia de Protección de Datos ha lamentado que estas grabaciones 'estén a la orden del día' y que se estén proyectando 'sobre circunstancias reprochables, como el acoso escolar, las amenazas a profesores o las peleas de niños'.
Por ello, ha apostado por combatir estas conductas desde la pedagogía social, dirigida a padres e hijos, 'para transmitir la necesidad de que se respeten los derechos de los demás, y una manifestación de ello es que no se puede captar la imagen de un compañero en clase y luego difundirla'.
