PSOE y PP muestran disposición negociar ley Gobierno Local después del 27-M
PSOE y PP mostraron hoy su disposición de retomar las negociaciones para sacar adelante el anteproyecto de ley del Gobierno y la Administración Local una vez que se hayan celebrado las elecciones autonómicas y municipales del próximo 27 de mayo.
Durante un seminario sobre Administración y Economía Pública en el que intervinieron dirigentes de PSOE, PP e IU, el secretario de Política Municipal y de Libertades Públicas socialista, Alvaro Cuesta, confió, incluso, en la posibilidad de aprobar esta ley antes del final de la presente legislatura, dado que en lo sucesivo, dijo, 'no va a haber gran distancia para hablar de financiación local'.
A este respecto, el secretario de Política Local del PP, aseguró que su partido tiene la mano tendida al Ejecutivo para apoyar este anteproyecto de ley siempre que éste recoja de una manera 'suficientemente clara' una reforma de la financiación local y del ámbito competencial de los ayuntamientos.
El Gobierno decidió el pasado mes de febrero posponer la aprobación del anteproyecto de ley tras la ronda de contactos que mantuvo con las formaciones políticas, después de que éstas consideraran que no era el momento adecuado para discutir esta iniciativa debido a la cercanía de las elecciones municipales.
La secretaria de Política Municipal y Autonómica de IU, Montserrat Muñoz, se refirió a la ley de Gobierno Local como 'una víctima más de la situación política actual' y aseguró que con el 'amplio consenso' existente, 'en otro ambiente político las diferencias podrían haberse acercado'.
Durante sus intervenciones, los tres dirigentes políticos coincidieron en destacar la importancia de la autonomía local respecto a las otras administraciones del Estado y denunciaron el gasto que supone para los ayuntamientos cargar con competencias 'impropias' que no les son retribuidas por las instituciones correspondientes.
En este sentido, consideraron imprescindible la asignación de una dotación 'incondicional' por parte las comunidades autónomas para que los ayuntamientos puedan asumir esas funciones sin perjuicios y mejorar la eficacia de su gestión.
Asimismo, subrayaron la necesidad de establecer políticas de transparencia pública para luchar contra la corrupción urbanística, así como de promover la participación y la cooperación de los ayuntamientos con los órganos de gobierno de las diputaciones y de las comunidades autónomas.
