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Aunque dijo no entender por qué sigue retenido, pues en su veredicto los jueces levantaron todas las medidas cautelares con la excepción del arraigo, que le impide salir de Bolivia. 'Si estoy en libertad, qué sentido tiene que haya dos policías en la puerta de mi casa', opinó el ciudadano español, quien fue detenido por un uniformado al intentar salir del domicilio, como pudo constatar EFE. El policía justificó su postura porque dijo no tener una orden para suspender la vigilancia, mientras Villanueva le explicaba que la noche anterior un oficial de alto rango le había permitido salir, pero le había aconsejado también que no lo hiciera 'porque había mucha prensa en los alrededores'. 'Lo que sucede es que si ahora bajo (a la calle) van a decir que tengo mala conducta, que soy violento', explicó, al reiterar sus críticas a los medios de comunicación locales por su supuesta presión a lo largo de un proceso que ha tenido una gran repercusión en la opinión pública boliviana. El jueves, el tribunal a cargo del caso, el Cuarto de Sentencia Penal de la Corte Superior de Distrito de Santa Cruz, leyó la totalidad de la sentencia absolutoria dictada hace cuatro días. En el texto ratificó su argumentación sobre la falta de sustento de las pruebas presentadas contra el sevillano por la Fiscalía y la acusación particular. Villanueva había sido acusado de formar parte de una supuesta banda criminal señalada como la responsable del asesinato con bomba de la fiscal Mónica Von Borries el 27 de febrero de 2004. Por este crimen fue detenido dos meses después, y trasladado a una cárcel en la que permaneció más de un año y medio, hasta que salió en libertad condicional a la espera de ser juzgado. Al concluir el juicio oral, que había comenzado el pasado 6 de febrero, Villanueva salió de la sede judicial y fue introducido en un vehículo policial, a petición de sus representantes legales, para evitar el acoso de los medios de comunicación, según su abogado Julio Egüez. De acuerdo con la defensa del español, los fiscales adscritos a la causa, que hoy no pudieron ser contactados por EFE, sostienen que no levantarán la vigilancia policial hasta que sean notificados por la sala penal, un paso burocrático previsto para hoy. Una situación similar a la actual se produjo en noviembre pasado, cuando el tribunal ordenó la libertad condicional de Villanueva y las autoridades judiciales y policiales tardaron varios días en aplicarla por obstáculos burocráticos y de otra índole. Uno de ellos fue la supuesta falta de efectivos policiales para incorporar a la custodia del español, lo cual no fue óbice para que durante el juicio el domicilio de Villanueva estuviera rodeado a diario por entre una docena y 25 uniformados. Junto al sevillano, su padre, Francisco, y la esposa de éste, Carmen Castro, lamentaron no poder verle de una vez libre después de dos años de un proceso que le ha costado a la familia alrededor de 450.000 euros, cerca de la mitad obtenidos mediante préstamos. Los principales gastos fueron los honorarios de los abogados, trece viajes entre España y Bolivia y el apartamento que tuvieron que comprar para que Javier pudiera cumplir el arresto domiciliario.
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