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La posibilidad de traslado de centro ante una situación de acoso escolar ha sido favorecida por la Administración educativa desde hace años, si bien esta actuación ha adquirido notoriedad en los últimos cursos ante el número de casos de acoso escolar que han salido a la luz pública en todo el país.
En Andalucía, el traslado de centro está articulado tanto en el Decreto de Convivencia Escolar, aprobado el pasado 23 de enero, como en la nueva normativa de escolarización. El primer documento establece, en uno de sus puntos, el procedimiento para la imposición de la medida disciplinaria de cambio de centro para el alumno que ejerce el acoso.
Mientras que el Decreto de escolarización obliga a las delegaciones de Educación a adoptar las medidas oportunas para asegurar la escolarización inmediata del alumnado afectado por cambios de centro debido a situaciones de acoso.
Ayer, este periódico se puso en contacto con la delegada de Educación, Dolores Alonso, para que explicara el protocolo de la Delegación ante este tipo de casos. «Los equipos pedagógicos y la comisión de convivencia del centro son los que tienen el primer contacto, quienes dirimen las versiones de las partes y realizan una primera valoración», explicó.
«Si se demuestran los hechos y se solicita el traslado, una vez elaborado el informe de la Inspección, éste se realiza de forma casi inmediata».
Sobre el hecho de que los trasladados sean las víctimas y no los acosadores, como era la intención inicial de la Consejería de Educación, Alonso señaló que son las familias de los escolares acosados las que solicitan el traslado.
«Debemos tener en cuenta que estas situaciones tienen tres vértices. Por un lado el agresor, por otro la víctima y un tercero que son los cómplices del agresor. Otros compañeros del centro que aplauden e instigan la acción del acosador», aclaró.
La delegada puso el acento en el papel de los cómplices y en la necesidad de trabajar las tutorías con los grupos de alumnos donde se den estos casos. «El trabajo en grupo es la verdadera solución pedagógica. El apartar a la víctima es la solución inmediata», indicó.
En cuanto al agresor, los centros suelen trabajar los procesos de «reeducación» y aplican una sanción, que normalmente consiste en la expulsión del centro durante un periodo de tiempo.
| Terra Actualidad - VMT |
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