Una compañía ofrece seguros ante los posibles derribos en Marbella
«¿Le preocupa que su propiedad en Marbella esté expuesta a una demolición?» Una compañía de seguros británica ha visto una oportunidad de negocio en la angustia que embarga a los propietarios de las 30.000 viviendas ilegales de Marbella. Sus expertos han analizado los riesgos, y la empresa sacará al mercado el próximo mes una póliza para asegurar las propiedades adquiridas en los últimos años ante la posibilidad de que puedan quedar expuestas a la piqueta a raíz de la anulación judicial de las licencias de obras.
La compañía que ha puesto en marcha esta iniciativa -la británica First Title, filial de la norteamericana First American Corporation- es líder en el sector de los seguros de propiedades en el Reino Unido, y se ha fijado en principio en los mercados del Reino Unido e Irlanda, aunque no descarta ofrecer también su producto a los propietarios españoles. La compañía asegura anualmente propiedades por valor de 15 billones de libras (22,2 billones de euros) en Gran Bretaña.
El objetivo, según ha explicado a este periódico una portavoz de la empresa, es asegurar las propiedades construidas en Marbella con licencias de obras posteriormente anuladas y cuyos compradores desconocían en el momento de la compra que podían exponerse a problemas legales.
La compañía pagará el importe por el que se aseguren las viviendas sólo si éstas son finalmente demolidas, y no en el caso de que los propietarios sean objeto de otro tipo de sanciones. La iniciativa tiene mercado sobre el que desarrollarse. De las 30.000 viviendas construidas con licencias ilegales en Marbella durante los años en los que el GIL mandó en la ciudad, unas 5.000 quedarán fuera de ordenación en el nuevo Plan General, y las sentencias que ordenan restituir la legalidad afectan ya a 3.000 de ellas.
Los seguros sólo se harán sobre inmuebles residenciales, propiedad de personas físicas y cuya construcción esté terminada en el momento de suscribirse la póliza. Además, deberán contar con licencia de primera ocupación concedida.
37 sentencias
La posibilidad de que las demoliciones finalmente se materialicen es todavía remota. Desde 1992, el gobierno autonómico presentó 430 impugnaciones contra licencias de obras ilegales concedidas por el Ayuntamiento dirigido primero por Jesús Gil y después por Julián Muñoz y Marisol Yagüe. Hasta el momento, esas iniciativas ante los tribunales se han traducido en 37 sentencias, de las que son firmes 17 que afectan a una nave industrial y 335 viviendas, entre ellas, las 238 del complejo Banana Beach, construido sobre zona verde.
Pese a que la mayoría de las viviendas infractoras podrán ser legalizadas en el nuevo PGOU, en la publicidad de la compañía se hace referencia a los 30.000 inmuebles construidos en Marbella fuera de ordenación.
La compañía considera que las pólizas pueden ser particularmente útiles para los propietarios interesados en vender las viviendas pero que están encontrando dificultades para hacerlo por la incertidumbre creada en la ciudad.
Pese a la inquietud existente, las demoliciones tienen un obstáculo casi insalvable para poder llevarse a cabo, y es económico. Es probable que los tribunales fijen indemnizaciones para los propietarios, y que sea el Ayuntamiento, que aprobó las licencias, la institución obligada a pagarlas. Pero 15 años de saqueo sistemático han dejado a las arcas municipales sin posibilidad alguna de hacer frente a las cantidades millonarias que seguramente se fijarán.
La ley establece que en caso de imposibilidad material o legal de ejecutar una sentencia, el órgano obligado a su cumplimiento (en este caso el Ayuntamiento) lo manifestará a la autoridad judicial, que debe fijar, en su caso, la indemnización. El presidente de la gestora, Diego Martín Reyes, propuso recientemente que en los casos en que sea posible se recurra a esta fórmula, para evitar el coste social de los derribos. De esa manera, los promotores beneficiados por las licencias irregulares deberían realizar compensaciones en relación con la infracción cometida en la ocupación ilegal de suelo.
No obstante, la no demolición de los edificios irregulares no supondría su legalización. Desde la propia Junta de Andalucía, que gestiona la Oficina de Planeamiento donde se redacta el nuevo PGOU, se ha adelantado que los edificios que ocupan zona verde o suelo destinado a equipamiento público quedarán fuera de ordenación aunque sigan en pie.
Los servicios jurídicos de la Junta estudian actualmente una a una las sentencias que va emitiendo el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para ver en qué casos corresponde pedir que se echen abajo los edificios. La solicitud de derribo tendrá lugar sobre todo en aquellos casos que se considere necesario bien porque las construcciones infractoras ocupan zonas forestales, bien porque se sitúan en lugares reservados a equipamientos que no puedan ser ubicados en otro emplazamiento.
