El Gobierno deportó a 73 inmigrantes de Melilla sin el preceptivo permiso judicial
El Gobierno deportó el pasado 6 de octubre sin permiso ni control judicial alguno a 73 de los inmigrantes subsaharianos que habían entrado de manera ilegal en Melilla en las últimas semanas, y lo hizo sin respetar los procedimientos tasados en Ley de Extranjería.
Comisionados del Consejo General de la Abogacía (CGAE) tienen en su poder los autos que demuestran que el Ejecutivo repatrió a los 'sin papeles' sin comunicárselo a la juez que se ocupaba del caso. El Ministerio del Interior pidió permiso al juzgado de instrucción de Melilla para devolver a los irregulares al país vecino tres días después de haberlos expulsado. Además, los documentos revelan que el Ejecutivo sólo reclamó autorización para devolver a 60 inmigrantes y después expulsó a 73.
El pasado 5 de octubre por la tarde, la vicepresidenta del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, anunció por sorpresa un acuerdo con Marruecos para la devolución administrativa de 73 inmigrantes que habían entrado en Melilla en uno de los numerosos saltos masivos de subsaharianos a la valla. Las continuas avalanchas se había convertido en una cuestión muy delicada para el Gobierno y el acuerdo con Rabat dio un respiro al Ejecutivo.
Un día después, el 6 de octubre, la repatriación forzosa se hizo efectiva y los inmigrantes volvieron a suelo marroquí, en donde permanecen desde entonces detenidos y aislados en un centro militar de Tánger. Sin embargo, el Ministerio del Interior obró sin ningún control judicial.
En la documentación judicial recopilada por abogados del CGAE consta que el 6 de octubre, la juez de Instrucción número 5 de Melilla, Belén García Iglesias, ordenó el internamiento en el centro de Fuerteventura a fines exclusivos de 'expulsión' de 107 subsaharianos, entre ellos los 73 que luego serían repatriados. Desde ese mismo momento, todos los inmigrantes quedaron vinculados de la Ley de Extranjería (ya no podían ser devueltos en frontera) y bajo el control de la juez, que además mandó de manera expresa a la 'autoridad gubernativa comunicar a este juzgado cualquier circunstancia en relación con la situación de los citados extranjeros'.
Caso omiso
Sin embargo, los clandestinos jamás viajaron a Canarias. El Ministerio del Interior hizo caso omiso a la juez y obró por su cuenta. El comisario jefe de Melilla, Florentino Villabona Madera, sólo pidió permiso al juzgado para que suspendiera el internamiento y proceder a su devolución el 9 de octubre, tal y como confirma el sello de entrada del registro del Juzgado de Instrucción número 5 de Melilla. Para entonces, hacía ya tres días que el Gobierno había deportado a los 'sin papeles', una circunstancia que no se comunicó a la juez García Iglesias tal y como ella misma había ordenado.
En la carta, de tres páginas, Interior pide a la instructora el 'cese del internamiento' por 'haber admitido las autoridades marroquíes la devolución' de sólo 60 inmigrantes, no de los 73 que fueron deportados. En ningún momento la Administración mencionó a los otros trece subsaharianos que en ese momento también habían sido ya devueltos a Marruecos.
El documento que el Ministerio del Interior remitió al juzgado, que incluye los nombres y apellidos de los expulsados, desvela además que no todos los clandestinos eran de Mali, como se informó en un primer momento. El listado incluye también numerosos ciudadanos procedentes de Ghana, Benin, Guinea Bissau, Costa de Marfil y Guinea Conakry.
La juez ordenó el 'cese del internamiento' de los indocumentados el pasado martes 18 de octubre, cuando hacía ya doce días que los subsaharianos habían sido deportados sin ningún tipo de autorización judicial. La instructora, a día de hoy, todavía no ha autorizado la 'devolución administrativa', la fórmula que se utilizó para la repatriación de los inmigrantes. La juez García Iglesias ordenó su expulsión en virtud de los artículos 62 y 64.1 de la Ley de Extranjería), un procedimiento diferente y más garantista que la devolución.
La resolución del pasado martes ordenaba que su contenido sea comunicado a los subsaharianos, algo que la deportación hace imposible, y da un plazo de tres días que se cumple este viernes para que los inmigrantes o la Fiscalía recurran ante el juzgado el internamiento en Fuerteventura, isla a la que nunca llegaron.
