El PP arremete contra Zapatero por 'abrir la puerta al desmantelamiento' del archivo de la Guerra Civil
La Junta de Castilla y León y el Partido Popular arremetieron contra el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al considerar que su pronunciamiento sobre el Archivo de la Guerra Civil 'abre la puerta al desmantelamiento' de este centro cultural ubicado en Salamanca.
La polémica por el traslado de los documentos a la Generalitat de Cataluña subió de tono porque los populares deducen que la respuesta que dio Zapatero al portavoz del PNV, Josu Iñaki Erkoreka, en la sesión de control del Congreso, indica que a partir de ahora particulares e instituciones del País Vasco u otra comunidad autónoma tienen derecho a ejercer la misma reclamación que los catalanes.
Para el PP, el presidente ha firmado el 'certificado de defunción del archivo', según señaló Fernando Rodríguez. El portavoz popular en el Ayuntamiento salmantino dijo que 'ya no sólo se trata de la desmembración o la devolución, sino que hay que dejarse de eufemismos: estamos ante el fin del archivo'.
La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, María Jesús Ruiz, aseguró que Zapatero 'ha dicho la verdad', aunque a continuación añadió que debería aclarar si a partir de ahora se abre una demanda continua de documentos desde cualquier punto del Estado. 'Se abre la ventanilla al desmantelamiento completo del archivo de Salamanca', advirtió la consejera de Cultura de Castilla y León, Silvia Clemente, quien recordó que el archivo es patrimonio cultural de todos los españoles y que no puede utilizarse para compensar apoyos políticos, en referencia a la posición de Esquerra Republicana de Cataluña.
Los socialistas aseguraron que Rodríguez Zapatero no desveló más datos que los contenidos en el proyecto de Ley aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 15 de abril. Óscar Sánchez, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes castellano-leonesas, basó su respuesta en el anuncio que hizo el propio portavoz del Partido Nacionalista Vasco en el sentido de introducir propuestas de modificación al proyecto de Ley para garantizar que desde Ajuria Enea se puedan solicitar los documentos incautados por las tropas del general Franco en 1936.
Para Óscar Sánchez el proyecto de Ley permite un procedimiento administrativo para que las personas naturales o jurídicas de cualquier punto del país puedan pedir los documentos albergados en Salamanca, siempre que sean legítimos propietarios. Y puso como ejemplo la existencia de cartas de amor o correspondencia privada que no tienen ninguna relación con el fin de un archivo histórico.
