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'Existe preocupación y también una sensación de impotencia porque no has terminado de reponerte de un susto y ya aparece otro desaguisado. Una asociación de ciudadanos no puede adivinar qué es lo que van a autorizar las autoridades a cada momento. Nosotros conocemos los planes especiales de protección del patrimonio histórico, la normativa relativa a los paisajes pintorescos pero no qué es lo que se les pasa por la cabeza a los responsables políticos', se queja Pedro Montarelo, presidente de la Asociación Amigos del Patrimonio de Segovia.
Tanto es así que este grupo de personas -hay asociadas alrededor de 75- está sopesando la posibilidad de abandonar el Foro de Patrimonio (el órgano municipal de participación ciudadana) porque considera 'que no sirve absolutamente para nada'. El Ayuntamiento gobernado por PSOE e Izquierda Unida impulsó la creación de foros con el fin de habilitar un instrumento capaz de canalizar la voz de los ciudadanos, aunque los miembros de Amigos del Patrimonio están muy escarmentados: 'Los foros son meramente informativos, pero el planteamiento inicial era que iban a ser consultivos.
En el foro de patrimonio no se informa y a veces se informa sobre algo que ya está hecho. De seguir así nos plantearemos firmemente la participación en el foro', apunta Montarelo.
Segovia vive un momento muy complicado. La expansión de la ciudad y la inminente llegada del AVE ha desatado la especulación. Actualmente, la presión a la que está sometido el recinto amurallado es enorme, según la Asociación Amigos del Patrimonio. Este colectivo tiene clavado lo ocurrido en el antiguo convento de las Oblatas, cuya conversión en hotel se encuentra paralizada por decisión municipal; no entiende cómo las administraciones pudieron en su día cometer la torpeza de autorizar semejante dislate en un edificio catalogado.
Lo peor de todo -sostienen- es que el ejemplo no ha servido para nada. 'Ahí radica nuestra preocupación, porque si no ha servido el varapalo tan inmenso que suponen los informes emitidos al respecto por las academias de la Historia y de San Fernando -los cuales calificaban el expolio cometido como el mayor atentado contra el patrimonio ocurrido en España-, qué más se puede decir', apuntan.
La celebración del vigésimo aniversario de la declaración como Ciudad Patrimonio de la Humanidad no llega, pues, en el mejor de los momentos: 'No tiene ningún sentido que se gasten el dinero a bombo y platillo cuando al mismo tiempo se están saltando a la torera la legislación existente'.
En su última asamblea, Amigos del Patrimonio abordó un asunto que preocupa mucho. Se trata de unas construcciones que han surgido a escasos metros del río Eresma como parte del proyecto de restauración de un edificio existente en las traseras del convento de Santa Cruz la Real, sede de la Universidad SEK. Allí se ejecuta la rehabilitación del inmueble para vivienda unifamiliar de propiedad privada. Lo que ha alertado al colectivo ciudadano es la construcción de dos muros que el proyecto denomina 'de contención' sobre antiguas huertas y en un terreno calificado como rústico y exclusivamente destinado a usos hortícolas o agrícolas.
El concejal de Urbanismo, Juan José Conde, asegura que la construcción de ambos muros 'es legal' porque cuenta con los permisos y licencias pertinentes. Conde sostiene además que el Ayuntamiento está tranquilo porque los muros construidos no tienen ningún uso definido, sino que su única función es la de contener el aterrazamiento de tierras: 'Además, quedarán completamente disimulados porque los constructores están obligados a dejar ese terreno como estaba'. El concejal señala que el Ayuntamiento vigila día a día el desarrollo de las obras para que no se cometa ninguna irregularidad.
Pero estas explicaciones no convencen a Pedro Montarelo. A su juicio, la actuación del particular se ha desarrollado en una parcela que entra dentro de la declaración BIC (Bien de Interés Cultural) del convento de Santa Cruz, así como en un sector de área declarada conjunto pintoresco según la Ley de 11 de abril de 1947. También contraviene la construcción de los muros el artículo 22 del Plan de Protección Especial, 'que prohíbe cualquier edificación que no acredite una antigüedad superior a treinta años o que sea anexa al uso agrícola de la zona'.
Según Javier Ruiz Carvajal, presidente de la federación regional de asociaciones defensoras del patrimonio, la Junta de Castilla y León debe explicar por qué la Comisión de Patrimonio, la Comisión de Agricultura y la Comisión de Urbanismo han informado un proyecto que no respeta las normas. 'En realidad -continúa- nos queda poco por hacer; quienes tienen que vigilar son las autoridades'.
| Terra Actualidad - Vocento/VMT |
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