Greenpeace advierte de dos nuevas deficiencias en Vandellós
La corrosión de los sistemas internos en la central nuclear de Vandellós II (Tarragona) no se limita al circuito de refrigeración del reactor, reconocida ya por la propia central y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), sino que se extiende a otros dos puntos, denunció hoy Greenpeace.
Los ecologistas volvieron a reclamar la sanción más severa a las propietarias de la central - Endesa e Iberdrola-, la destitución por 'negligencia' de la presidenta del CSN, Mª Teresa Estevan, y la urgente reforma del organismo de vigilancia radiológica.
El sistema de protección de incendios de Vandellós 'está seriamente corroído'. También sufre un importante deterioro el mecanismo de agua de servicios no esenciales, siempre por la misma causa, el salitre marino. 'Tenemos pruebas técnicas', aseguró este jueves Carlos Bravo, responsable de la campaña nuclear de Greenpeace. Estas nuevas deficiencias se suman a la más grave, la degradación del sistema de refrigeración.
La avería mantiene parada la central desde marzo, tras la última de una larga cadena de fugas y la rotura de una tubería en agosto pasado, silenciada por la dirección de la central para evitar las pérdidas económicas de una parada anticipada. El estado de Vandellós II exige una inspección a fondo y debiera impedir, a juicio de Greenpeace, que la planta reanude su actividad antes del verano, como pretenden las propietarias, en tanto no solucione sus fallos.
La organización denuncia que en Vandellós se ha registrado 'una degradación clara de la cultura de seguridad'. Las 'consideraciones económicas' han primado sobre los criterios de seguridad y condicionado la toma de decisiones por parte de la dirección, admiten también los inspectores del CSN en su último informe del mes de abril, que la presidenta, Estevan Bolea, se ha negado a entregar al Congreso de los Diputados.
La actitud negligente de la central y el ocultismo informativo merecen -dijo Bravo- 'la sanción más grave' prevista en una ley, la de Energía Nuclear de 1964, obsoleta y poco rigurosa en el régimen de multas por infracciones a la seguridad. Según el responsable de Greenpeace, 'las centrales prefieren arriesgarse a un accidente nuclear' , porque las compensaciones son casi siempre inferiores a las inversiones y reparaciones precisas para operar en plenas condiciones de seguridad.
Los ecologistas hicieron corresponsable de la situación al CSN, por haber permitido a la central 'operar en condiciones de riesgo', y en especial a su presidenta. Estevan Bolea silenció el informe desfavorable de los técnicos sobre Vandellós, y envió un resumen censurado a la Comisión de Industria del Congreso. La protesta del resto de los consejeros del organismo le obligó a incluir en una segunda versión algunas de las críticas a las quiebras de seguridad en la central. A esta defensa numantina 'de los intereses del sector nuclear' y la desautorización del resto del Consejo se suman, además, 'las mentiras de Estevan Bolea' ante el Congreso. En su comparecencia del 25 de abril, la presidenta del CSN negó cualquier factor de riesgo en el funcionamiento de la central entre agosto, mes de la rotura de la tubería de refrigeración, y la última fuga antes de la parada del mes de marzo. Greenpeace reclama su destitución por parte del ministro de Industria, José Montilla, 'visto que ella no tiene la decencia de dimitir', y la reforma urgente de la estructura y funcionamiento del CSN, comprometida por el presidente del Gobierno en el pasado Debate sobre el Estado de la Nación.
