AI denuncia venta armas Colombia y critica operación Venezuela
El director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, exigió hoy al Gobierno español que no venda armas ni material militar a Colombia y criticó también la operación ratificada con Venezuela, una zona 'altamente explosiva' en la que la venta realizada 'no contribuye a la estabilidad regional'.
Beltrán hizo estas declaraciones en la presentación del cuarto informe de AI sobre 'Política Exterior y Derechos Humanos del Gobierno español', el primero que analiza la gestión socialista y en el que esta organización muestra su preocupación por que los 'gestos' del Ejecutivo no se materialicen en hechos.
Uno de los apartados del informe vuelve a ser el comercio de armas, de especial actualidad tras la reciente venta de aviones y patrulleras a Venezuela y el anuncio de que España ofrece a Colombia 21 aviones y le regala cuatro helicópteros.
Tras insistir en la necesidad de que España apruebe una ley que regule el comercio de armas, Beltrán alertó de que la transferencia de material a Colombia puede violar el código de conducta de la UE, que prohíbe esas operaciones con países en conflicto y en los que no se respeten los derechos humanos de la población civil.
El director de AI hizo una pesimista descripción de la defensa de los derechos humanos que realiza el Gobierno español en su política exterior, al que reprochó las 'oportunidades perdidas' en las relaciones bilaterales, al apoyar por ejemplo la ley colombiana de justicia y paz; los 'intolerables silencios' con países como China o Estados Unidos; o la 'decepcionante tibieza' ante Guinea Ecuatorial.
Para AI, el mayor ataque al sistema universal de derechos humanos es, junto a los actividades de grupos armados que cometen atentados, 'la guerra contra el terrorismo que lidera Estados Unidos junto a sus aliados y que restringe las libertades y redefine la tortura', un hecho que 'no ha merecido ni una condena firme por parte del Gobierno español'.
El director de AI-España criticó también las 'contradicciones' entre la política exterior -en la que se apuesta por la legalidad internacional y el papel de Naciones Unidas- y la política interior.
Según apuntó, se ratifica la convención contra la tortura y no se atienden las recomendaciones para España del relator especial; se apoya el programa mundial de la ONU para incluir los derechos humanos en el currículum escolar y 'se olvida' incluirlo en la LOE; y se respalda la iniciativa de alcanzar un tratado internacional de venta de armas y no se aprueba una ley para España.
Beltrán explicó que el Gobierno ya conoce el informe, pero lamentó que, en la respuesta que les ha remitido el Ministerio de Asuntos Exteriores, se coincidida en las prioridades y no se reconozcan los problemas.
La responsable de política exterior de AI, Yolanda Román, fue la encargada de presentar 'los aspectos positivos de un balance negativo', como la defensa del multilateralismo y la legalidad internacional, la lucha contra la pobreza y el apoyo a presos condenados a muerte.
Entre otras cuestiones, AI reclama al Gobierno que diseñe el prometido plan nacional de derechos humanos, que condene el recorte de libertades en la 'guerra contra el terror', que defienda la prohibición absoluta de la tortura, que ratifique la convención internacional sobre los trabajadores migrantes o que elimine los obstáculos al asilo.
En la rueda de prensa participaron también Alexandra Loaiza, colombiana defensora de los derechos humanos que vive en España acogida por AI, y Aichetu Ramdan, esposa de Ali Salem Tamek, defensor de los derechos de los saharauis detenido en Marruecos desde julio, quienes reclamaron una actuación comprometida por parte del Gobierno español.
