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Pero ahora en muchos casos considera 'infundada la esperanza' de que había llegado una nueva era al respecto en el continente. Pese al 'asombroso crecimiento económico' de los últimos 60 años, las injusticias sociales continúan excluyendo a comunidades enteras de sus beneficios potenciales, y millones de personas sufren discriminación y exclusión social, según la organización. Amnistía Internacional señala que Estados Unidos, en su guerra contra el terror, seguía manteniendo bajo reclusión militar en 2007 a 'centenares de personas sin cargos ni juicios' en Afganistán y la base de Guantánamo (Cuba), y a varios miles en Irak. Además, el presidente de EEUU, George W. Bush, 'dio luz verde a la continuación del programa de detenciones e interrogatorios secretos puesto en marcha' por la Agencia Central de Información (CIA), 'en un claro rechazo de los principios' de la Declaración de Derechos Humanos, según AI. La organización internacional denuncia también que la población civil es 'la principal víctima' del largo conflicto armado interno de Colombia. Acusa a todas las partes implicadas en el conflicto colombiano, 'las fuerzas de seguridad, los paramilitares y los grupos guerrilleros', de continuar cometiendo 'graves abusos' contra los derechos humanos, y señala que los enfrentamientos entre ellas han acarreado el desplazamiento de miles de personas. AI denuncia las condenas a pena de muerte dictadas en el continente, en concreto en Bahamas, Trinidad y Tobago y EEUU, aunque detalla que sólo este último país llevó a cabo ejecuciones, 42 en 2007, cifra anual que considera la más baja desde 1994. Sobre la violencia contra las mujeres, la organización subraya que en Latinoamérica se siguieron adoptando medidas 'importantes e innovadoras' para su erradicación, y cita nuevas leyes en México y Venezuela y 'novedosas comisarías' en Brasil, mientras en EEUU el Congreso recomendó aumentar los fondos para aplicar las normas al respecto. Sin embargo, menciona que la discriminación por motivos de género se agravaba a menudo con otro tipo de particularidades. 'Una mujer negra, indígena, lesbiana o pobre suele tropezar con obstáculos aún mayores a la hora de obtener justicia', señala AI. Amnistía Internacional resalta en su informe la decisión de anular los indultos concedidos en Argentina a ex jefes militares de la dictadura como Jorge Videla o Emilio Massera, por ser 'inconstitucionales', y la extradición de Chile a Perú del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) para ser juzgado por cargos de corrupción y abusos de derechos humanos. Destaca también que en Uruguay un tribunal confirmó el juicio y reclusión del ex presidente Juan María Bordaberry (1971-1976) y la detención del también ex gobernante general Gregorio Álvarez (1981-1985). AI subraya además que un juez mexicano resolvió que la matanza de estudiantes en la plaza Tlatelolco en 1968 fue un delito de genocidio. Sin embargo, denuncia que 'la corrupción, la ineficacia y la falta de una voluntad política inequívoca de pedir cuentas a los responsables de violaciones de derechos humanos caracterizaron a los sistemas judiciales en muchas zonas de la región'. Añade que suscitó una 'honda preocupación' la utilización de tribunales policiales y militares para juzgar a miembros de la policía y fuerzas armadas responsables de violaciones de derechos fundamentales, y en concreto cita los casos de Colombia y México. En cuanto al 'comportamiento' de Estados Unidos en la guerra contra el terror, AI considera 'un grave problema' la falta de rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos, 'sobre todo en los niveles superiores de la cadena de mando'. El Informe resalta que en Argentina y Panamá se aprobaron leyes relativas a la jurisdicción universal, y que el presidente Bush firmó la entrada en vigor en EEUU de la Ley de Rendición de Cuentas por Actos de Genocidio. AI denuncia que la 'persistente exclusión política' de amplios sectores de la población en América, en especial los pueblos indígenas y las personas de ascendencia africana, está relacionada con la discriminación, aunque destaca los esfuerzos de diversas comunidades por lograr sus derechos en México y varios países andinos. En EEUU, la discriminación racial se caracterizó por las disparidades en el procedimiento policial y en el sistema de justicia penal, y por el trato dado a ciudadanos no estadounidenses bajo custodia de las Fuerzas Armadas en el contexto de su guerra contra el terror, añade la organización internacional. En países como República Dominicana, Perú y Guatemala la 'exclusión social' se veía agravada por no facilitar documentos a algunos sectores, y Nicaragua y Paraguay por no aplicar decisiones adoptadas en cortes internacionales relativas al derecho a la tierra de los pueblos indígenas. La denuncia de abusos se mantuvo como una 'actividad peligrosa' en muchos países americanos, donde periodistas y ecologistas fueron amenazados y agredidos por denunciar actos de corrupción y daños causados por la contaminación, según AI.
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