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El foro fue convocado por agrupaciones cubanas que poseen estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y, según se informó en la presentación, cuenta con la participación de cien organizaciones no gubernamentales, próximas al Gobierno. En el proyecto de declaración, los participantes consideran 'inadmisible' que 'el Gobierno de Estados Unidos, con la complicidad de otros gobiernos, pretenda calificar como organizaciones de la sociedad civil cubana y defensores de los derechos humanos en Cuba, a grupúsculos de mercenarios organizados y financiados' por EE.UU. Barnet indicó que la acción de Washington contra Cuba 'enfila a la destrucción de las conquistas que exhibe la revolución en materia de derechos humanos exhibe la revolución, a minar el prestigio internacional de Cuba y a reducir la practica de los derechos humanos a su hipócrita selectividad y a la acción de grupúsculos mercenarios'. Agregó que 'el conjunto' de las leyes cubanas 'colocan en su centro el derecho de todos los ciudadanos a participar en la toma de decisiones, el funcionamiento de la sociedad y su proyección futura haciendo efectivo el derecho de cada uno a elegir y ser elegido'. El sistema electoral cubano no permite la participación de partidos políticos, todos prohibidos en la isla, salvo el Comunista. A las elecciones se presentan candidatos individuales que son elegidos en teoría por sus 'méritos', la mayoría vinculados a organizaciones de masas (el sindicato único, la federación de mujeres, las asociaciones de agricultores y otros) o al propio Partido Comunista de Cuba. En la declaración, los participantes aseguran que el Estado cubano concede importancia 'no sólo a la protección, sino también a la promoción de los derechos a la libertad de opinión, de expresión, de pensamiento y de asociación, los que poseen rango institucional'. En Cuba todos los medios de comunicación están en manos del Estado y las agrupaciones de disidentes son consideradas ilegales. El Foro respaldó la política oficial sobre Internet, al que no tienen acceso los particulares salvo en centros públicos del Estado, y argumentó que las 'prioridades' con relación a ese servicio 'están determinadas por la máxima de que los recursos disponibles deben beneficiar al mayor número posible de individuos'. Agregó que el 'sistema socio político cubano garantiza el pleno disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales'.
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